Por Eco. José Linares Gallo
Tras década y media de haber realizado sucesivos comicios y ad portas de un nuevo proceso electoral, se puede afirmar que este—por mucho, es el que presenta el clima más enrarecido de todos. Dos o tres sedes de partidos han sido atacadas violentamente, dos candidatos han sido blanco de proyectiles, trifulcas y batallas campales son noticia diaria y hasta el presidente del Jurado Nacional de Elecciones habría sido amenazado de muerte.
La situación es tan preocupante que ya las autoridades electorales han comenzado a sostener reuniones previendo que lo que sucede hoy no derive en una escalada que ensombrezca las elecciones y hasta las pongan en tela de juicio. El hecho que ya piquetes y contra manifestantes “espontáneos” intimiden el libre desplazamiento de ciertos candidatos, es atentatorio contra varios de sus derechos constitucionales y la igualdad de oportunidad que deberían tener para comunicar sus mensajes.
El grito de “Cusco se respeta” y acciones de equivalente signo en el resto del Sur peruano no son más que una no tan velada advertencia para aquellos candidatos que no coinciden con los postulados ideológicos de los organizadores de estos eventos. Se trata en cierta forma de “zonas electorales liberadas” donde el candidato previamente se le exigiría contar con “licencia social” para poder llegar a una parte del país donde —por anticipado, se le da el trato de forastero.
Llegado a este punto de la reflexión es pertinente preguntarnos si acaso no estamos ante una nueva manifestación de violencia social nacional que creíamos vencida con la caída del MARTA y de Sendero Luminoso. Primero fueron las combis asesinas, luego fueron los arequipazos, baguazos, andahuaylazos, más tarde la minería ilegal y ahora la cachiporra en las manifestaciones políticas.
La sociedad peruana luce así senderizada y hay indicadores que nos ubican —lamentablemente entre los países a los cuales un gran sector de su población le tiene sin cuidado la tolerancia. Según el World Values Survey Wave 6: 2010-2014 Perú tiene aproximadamente un tercio de su población a la cual no le interesa mucho que sus niños “tengan tolerancia y respeto hacia el otro”. En Chile y Uruguay en cambio solo llega al 18%.
Esto coincide con una altísima tasa de bulling en nuestro país que nos coloca en el registro de mayor incidencia entre 23 naciones de América Latina y El Caribe. En efecto según el documento de la CEPAL al 2015 “Juventud: realidades y retos para un desarrollo con igualdad” el 47% de niños peruanos entre 11 y 17 años afirma haber sufrido acoso escolar. Porcentaje que duplica a la tasa de Costa Rica y Uruguay y sobrepasa el promedio latinoamericano que se ubica en 28%.
En el mismo documento de CEPAL se da cuenta además que en el Perú el 51 % de alumnos entre las edades de 15 a 19 años de edad considera que el principal problema en sus respectivos centros educativos es la violencia entre alumnos.
Ante este escenario, nuestro sistema educativo ha tenido solo respuestas tibias. Es cierto que ha habido cambios curriculares. Y hasta el JNE ha hecho su propuesta. Pero estos esfuerzos lucen como si quisiéramos apagar fuegos simplemente soplando. Y este tema lamentablemente es aun el gran ausente en los Planes de Gobierno y el debate electoral.
Juan Carlos Tedesco hace ya algún tiempo hablando sobre educación cívica ha afirmado que existe un gran déficit de socialización entre niños y jóvenes y por lo tanto “es necesario que introduzcamos la duda, la experimentación y la incertidumbre en el diseño de políticas públicas”. Y hace muy poco en otro documento de la CEPAL se reclama como un nuevo derecho de los niños tener espacios para el juego porque es justamente éste el que permite que los niños internalicen las reglas sociales. Los candidatos tienen la palabra.