En un mundo donde las certezas económicas se desvanecen con rapidez, la composición de las reservas internacionales se ha convertido en una herramienta estratégica clave para las economías abiertas. El Perú, gran productor de oro pero con una baja tenencia del mismo en su Banco Central, se enfrenta a una decisión trascendental: ¿debería incrementar significativamente sus reservas en oro, pasando del actual 4% a un 30%?
Desde el fin del patrón oro en 1971, el dólar estadounidense ha sido la piedra angular del sistema monetario internacional. Sin embargo, esta hegemonía enfrenta hoy múltiples desafíos. La expansión fiscal desmedida de EE.UU., la inflación persistente, la creciente deuda pública y un entorno geopolítico conmocionado, y recientemente agravado por la absurda guerra de aranceles con 180 países, viene erosionado parte de la confianza global en el billete verde.
Adicionalmente, el comercio energético internacional comienza a diversificarse hacia monedas alternativas: el 2023, aproximadamente una quinta parte de las transacciones de petróleo se realizaron en monedas distintas al petro-dólar estadounidense; se espera que esta tendencia siga creciendo.
El Perú, octavo productor mundial de oro, genera en promedio 160 toneladas anuales, de las cuales al menos 40 provienen de la minería artesanal. No obstante, las reservas en oro del BCRP se mantienen estáticas desde hace más de dos décadas, fluctuando apenas entre 34 y 35 toneladas, lo que representa un 4% de las reservas.
Cabe señalar que el BCRP es un organismo constitucionalmente autónomo, cuyo objetivo es controlar la inflación y mantener la estabilidad del sol peruano, para ello su estrategia de administración de las reservas internacionales es que éstas sean altamente líquidas, permitiendo su intervención en el mercado cambiario, si es necesario. Por ello ha ido reduciendo sus reservas de oro: en el período 1987-1991 cuando aún no tenía autonomía, eran un promedio de 51 toneladas (45% de las reservas). En la actualidad, las reservas totales del país son mucho mayores a las que existieron antes, por lo que la liquidez aconsejable, no requiere ser totalmente en dólares.
Sin embargo, actualmente, el 74% de las reservas del BCRP están invertidas en valores (mayoritariamente bonos del Tesoro de EE.UU.) y el 22% en depósitos en divisas. Esta estructura prioriza la liquidez inmediata y el rendimiento, pero la creciente inestabilidad del dólar y el bajo retorno real de los bonos cuestionan su sostenibilidad a mediano plazo.
Incrementar progresivamente la participación del oro en las RIN hasta un 30%, como vengo sugiriendo, tendría tres ventajas principales.
Primero, el oro es un activo refugio de valor histórico, no sujeto a la inflación o la política monetaria de ningún país. En tiempos de crisis o pérdida de confianza en monedas fiduciarias, el oro tiende a valorizarse, como lo demuestra su actual cotización récord que sobrepasa los USD 3,100 por onza, cuando el 2006 estaba a tan solo USD 600.
Segundo, una mayor tenencia en oro permitiría diversificar el portafolio de reservas del país, disminuyendo la exposición exclusiva al dólar y fortaleciendo la resiliencia externa ante choques globales.
Tercero, si esta acumulación de oro se realizara mediante compras locales, especialmente al segmento artesanal en vías de formalización, se abriría una ventana para reducir el contrabando —hoy en crecimiento hacia Bolivia—, generar ingresos fiscales y avanzar en la trazabilidad de la producción aurífera.
No obstante, esta propuesta no está exenta de desafíos y riesgos reales, como que el oro es menos líquido que los bonos o los depósitos en divisas. En caso de una crisis cambiaria, el BCRP necesita instrumentos líquidos para intervenir con rapidez. Si 30% de las reservas estuviera en oro, la capacidad de respuesta inmediata podría verse limitada, si no tuviéramos la cantidad de reservas que hoy tenemos.
Además, la línea entre minería informal y minería ilegal es aún difusa. Comprar oro sin una trazabilidad clara podría alentar prácticas ilegales o perjudicar la imagen internacional del país.
Un camino intermedio —técnico y realista— sería aumentar gradualmente la participación del oro en las reservas del BCRP, pasando de 4% a 15% en los próximos 2 años, para progresivamente llevarlo a 30% en caso se mantenga su precio, y no se ponga en riesgo la liquidez necesaria para proteger al sol peruano. El oro debería ser adquirido exclusivamente a operadores formalizados, con trazabilidad, estándares ambientales y laborales verificados.
Asimismo, el Banco de la Nación u otra entidad estatal autorizada podría actuar, por ley, como canalizador del oro artesanal legal, facilitando su venta regulada al mercado externo e interno y termine con el contrabando de oro que sale por Bolivia y, al mismo tiempo, mejorar, significativamente, la fiscalización al oro ilegal.