La inseguridad ciudadana ha dejado de ser únicamente un problema policial para convertirse en una amenaza económica de gran escala. Hoy, la extorsión —el delito más extendido del país— está erosionando el sistema financiero, reduciendo la inversión y encareciendo el costo de vida de millones de peruanos.
Lo que comenzó como un fenómeno focalizado en el transporte y los pequeños negocios, se ha transformado en un mecanismo de control territorial que afecta a toda la cadena productiva.
La inseguridad como amenaza económica
Impacto directo en la economía y el sistema financiero
Según el Ministerio de Economía y Finanzas, las pérdidas vinculadas a la criminalidad alcanzarían los S/19.800 millones en 2025. El impacto directo se observa en las microfinanzas, columna vertebral de la economía popular. La Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (Fepmac) ha advertido que más de 250 agencias podrían cerrar y que cerca de 500.000 emprendedores quedarían fuera del sistema financiero formal. Si eso ocurre, el país retrocederá cinco años en inclusión financiera.
Costo financiero: menos crédito, más riesgo y más desconfianza
La expansión del crimen tiene efectos visibles e invisibles.
Efecto visible: la contracción del crédito.
Las microfinancieras han debido suspender visitas de campo, reforzar la seguridad y asumir costos adicionales superiores a S/600 millones solo en cámaras y vigilancia. Cada sol destinado a seguridad es un sol menos para crédito, tecnología o capacitación.
Como resultado, el sistema podría perder hasta S/10.000 millones en colocaciones el próximo año, lo que implica menos liquidez para los sectores productivos y más desconfianza en el sistema bancario.
La banca paralela y el costo social de la violencia
El avance corrosivo de la “banca paralela”
El segundo efecto, menos visible pero más corrosivo, es el crecimiento de la llamada “banca paralela”.
El préstamo informal tipo gota a gota, con tasas usureras y métodos violentos de cobro, ya mueve más de S/4.000 millones anuales, y podría superar los S/6.000 millones al 2026. Este circuito financiero ilegal prospera donde el Estado y la banca formal se retiran.
Cada negocio extorsionado o familia endeudada fuera del sistema representa una pérdida doble: para el emprendedor, que queda atrapado en la violencia económica, y para el país, que ve debilitada su estructura productiva.
La extorsión también genera inflación
El efecto inflacionario de la extorsión es otro de los costos que pocas veces se calculan.
Cuando los transportistas pagan “cupos” para circular o los comerciantes son obligados a financiar su propia seguridad, esos gastos se trasladan al consumidor final.
El kilo de pollo, la papa o el flete que mueve los alimentos hasta Lima incorporan un sobreprecio derivado del crimen.
La inseguridad, en consecuencia, no solo mata el emprendimiento, sino que alimenta la inflación y reduce el poder adquisitivo de todos los hogares.
Impacto social: familias destruidas y pobreza multiplicada
A ello se suma un daño social profundo: el descabezamiento de familias. Cada comerciante o transportista asesinado y trabajador amenazado no solo deja un vacío emocional, sino también económico.
Las familias pierden su principal fuente de ingreso y se vuelven dependientes del Estado. La violencia, así, multiplica la pobreza y erosiona el tejido social.
Un círculo vicioso: menos bancarización, más criminalidad
La contracción del crédito formal y la expansión del informal generan un círculo vicioso.
Cuando la banca deja de prestar por miedo a la morosidad o a la violencia, crece el terreno para el gota a gota.
Esto reduce la bancarización y debilita los mecanismos de control monetario, afectando la estabilidad del sistema financiero y la capacidad del Banco Central para proyectar una economía formal y transparente.
Proteger al microempresario para defender la economía
Garantías estatales focalizadas en zonas de alto riesgo
Una salida viable, en línea con la propuesta de la Fepmac, sería aplicar un programa de garantías estatales focalizadas en zonas de alto riesgo, administrado por la SBS y Cofide bajo criterios territoriales objetivos.
Este esquema permitiría que el Estado asuma una fracción limitada del riesgo crediticio —compartido con microfinancieras y aseguradoras privadas— cuando los impagos provengan de hechos vinculados a la inseguridad.
Así se evitaría el cierre de agencias, se mantendría el crédito formal y se fortalecería la trazabilidad financiera sin generar una carga fiscal excesiva.
Un centro de ingreso y clasificación en El Frontón
Una vez más, planteo que el Frontón, por su aislamiento geográfico natural, debe convertirse en una prisión inteligente automatizada con un centro obligatorio de ingreso, clasificación y decisión judicial inmediata para todos los capturados.
Educación financiera para frenar la “economía del miedo”
Finalmente, fortalecer la educación financiera podría contribuir a contener esta “economía del miedo” que está desplazando al sistema formal, a pesar de que ya se plantea cadena perpetua para los extorsionadores.
Seguridad y economía son hoy una misma causa; enfrentar la extorsión es esencial para reactivar el desarrollo nacional.
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