Las elecciones del 2026 se desarrollan en medio de promesas sobre seguridad, crecimiento y programas sociales. Sin embargo, el problema de fondo sigue sin abordarse con la profundidad necesaria: la capacidad real del Estado para ejecutar.
El Perú enfrenta una crisis de organización. Ha mantenido estabilidad macroeconómica en base al precio de los minerales, pero esto no se traduce en servicios eficientes. La causa estructural es un Estado fragmentado, con niveles superpuestos y sin una lógica clara de planificación.
La fragmentación institucional: Ministerios y programas duplicados
Hoy existen 19 ministerios, 1,891 distritos, 196 provincias y 25 regiones. Muchas de estas unidades carecen de capacidades para ejecutar proyectos relevantes. A esta fragmentación se suma la proliferación de programas como Provías o Legado, que concentran la ejecución por su flexibilidad, pero generan duplicidades en la arquitectura del Estado.
La evaluación de estas entidades debe ser estrictamente técnica. Si duplican funciones, deben fusionarse o desaparecer. Entre las propuestas de los planes de gobierno, casi todos plantean reducir ministerios y dejar solo entre 4 y 10.
Reorganización Territorial: Hacia las 12 Macrorregiones
El Perú ha construido su organización territorial como una suma de decisiones políticas acumuladas. La fragmentación distrital permite que el poder sea capturado por redes clientelares locales (cacicazgos).
El fin de la fragmentación distrital
Establecer no más de 12 macrorregiones y reducir provincias y distritos hasta en un 50% es una condición necesaria para operar con eficiencia. Unidades territoriales más grandes permiten:
- Concentrar recursos y profesionalizar la gestión.
- Ejecutar proyectos de mayor envergadura e impacto.
- Superar la limitación de los 25 gobiernos regionales que replican antiguos departamentos sin escala económica.
Avanzar hacia macroregiones bajo un criterio geoeconómico (integrar costa, sierra y selva) es la gran tarea pendiente de la descentralización peruana.
Recuperar la Planificación: Del INP al CEPLAN vinculante
Durante buena parte del siglo XX, el Perú contó con el Instituto Nacional de Planificación (INP). Su eliminación trasladó esa función al MEF, donde predomina una lógica fiscal de corto plazo. Esto ha permitido inversiones que no responden a una estrategia nacional, marcadas por sobrecostos, como la Refinería de Talara (que pasó de USD 1,500 millones a USD 7,000 millones) o la Nueva Carretera Central.
Fortalecer la visión de país
Hoy existe el CEPLAN, pero su rol es limitado. Recuperar una planificación vinculante implica que el organismo rector forme parte del núcleo de decisiones del Ejecutivo y tenga capacidad real de alinear presupuesto e inversión con objetivos nacionales.
La planificación es la base para traducir el crecimiento en bienestar, tal como lo impulsó la Alianza para el Progreso de John F. Kennedy en los años 60. El Perú adoptó esa lógica en 1962, pero la abandonó en los 90.
Organizar el Estado para el desarrollo sostenible
Sin una reforma estructural que ordene el territorio y recupere la planificación, el Perú seguirá por debajo de su potencial. El 2026 no solo debería definir quién gobierna, sino cómo se organiza el Estado para generar desarrollo sostenible.
