En las últimas semanas se ha armado un cargamontón contra Petroperú. Se le atribuye a la empresa —y, de paso, a un gobierno que lleva pocas semanas en funciones— una crisis que, en realidad, tiene tres décadas de historia.
En la época de la privatización, en el contexto que todo lo público era una carga para el Estado se deshicieron de empresas importantes y estratégicas.
El impacto de las privatizaciones y el caso La Pampilla
En ese contexto, el Estado vendió el 60% de la Refinería La Pampilla —la que abastece a Lima, el mercado más grande y rentable del país— por apenas US$ 180.5 millones. Un año después, el grupo comprador ya facturaba cerca de US$ 851 millones en negocios derivados de ese activo. La diferencia entre lo que el Perú recibió y lo que ese negocio realmente valía dice mucho. Petroperú se quedó con Talara, entonces la refinería más antigua, y con la obligación de seguir llevando combustible a zonas del país donde ninguna empresa privada tiene interés en operar porque no son rentables. Resultados actuales, hoy Lima es considerada la capital de América que tiene los más elevados niveles de polución.
El costo de reconstrucción y la raíz de la deuda
Para seguir siendo una petrolera viable después de perder su activo más rentable, Petroperú tuvo que modernizar Talara. En 2008, el presupuesto fue poco más de US$ 1,300 millones. Cuando arrancó la construcción, en 2014, ya costaba US$ 3,919 millones, y hoy, según los estados financieros auditados, la cifra ronda los US$ 6,530 millones. Casi cinco veces el cálculo inicial. Ahí está la raíz de la deuda, cercana a US$ 5,000 millones, que hoy asfixia a la empresa y de la inestabilidad que la ha llevado a cambiar de presidente de directorio, en promedio, cada cinco meses desde 2021.
Aquí hay que ser claros: esa decisión no la tomó la gerencia de Petroperú ni el gobierno actual. La tomaron sucesivos gobiernos y el propio Congreso a lo largo de casi treinta años. Cargarle esta crisis a la administración de turno, o usarla como pretexto para vender la empresa ahora, es no entender de dónde viene el problema.
La importancia de Talara frente a la dependencia energética
Por eso, la salida que empieza a insinuarse en algunos sectores —vender Petroperú, o su activo más valioso, la refinería de Talara— es un error que el Perú, un país de raíces petroleras que llegó a exportar crudo y que está obligado a asegurar su propia energía, no puede permitirse. Talara es hoy una de las siete refinerías más modernas del mundo, con capacidad para procesar cerca de 100,000 barriles diarios. Después de haber perdido La Pampilla en condiciones que hoy nadie defendería, y de haber pagado el sobrecosto de reconstruir capacidad de refino desde cero, deshacernos también de Talara nos dejaría sin ningún instrumento propio frente al mercado de combustibles. Sería repetir el error pasado sobre los mismos fundamentos, que le dejo al lector interpretarlo.
El trasfondo de todo esto es la dependencia energética del país: importamos cerca del 80% del petróleo y los combustibles que consumimos, pese a tener yacimientos identificados en tierra y mar, que la tecnología actual haría muy rentables. Esa dependencia nos deja expuestos a las crisis petroleras internacionales, cada vez más frecuentes. Lo vimos hace apenas unas semanas: el conflicto en Medio Oriente y el estrecho de Ormuz llevaron el precio del petróleo hasta cerca de US$ 100 el barril, con su consiguiente impacto en el diésel. Sin una petrolera estatal con presencia en toda la cadena —exploración, producción, refino y distribución mayorista—, el Estado pierde la única palanca que tiene para disminuir significativamente la importación, que además genera inflación, y así evitar que el ajuste recaiga entero sobre el bolsillo del consumidor.
La propuesta: Empresa mixta y gestión técnica blindada
Esto no es nostalgia estatista. En 1979, cuando fui senador por primera vez, sustenté la ley de empresas públicas, que fue aprobada, estableciendo que la gerencia de estas empresas debía estar en manos de profesionales privados, no de la política. Esa lógica sigue vigente: lo que Petroperú necesita es una gestión técnica blindada del vaivén e intereses políticos y, a la vez, con un socio privado especializado que ayude a reactivar los yacimientos que hoy dejamos sin explotar, pese a tener reservas identificadas.
Esa sociedad podría organizarse como una empresa mixta, con un directorio compartido, con el socio privado presente en todas las operaciones de Petroperú; además, el privado debe designar al gerente general de la empresa. Necesitamos una política que asegure la provisión de energía, como lo hacen todos los países: incluso los que no tienen petróleo cuentan con grandes refinerías.
