Por primera vez desde 1992, una ley debe pasar por dos cámaras antes de llegar a Palacio. El primer gran expediente de esta nueva etapa es el pedido de facultades legislativas que el Ejecutivo presentó el 28 de agosto. Más de cinco semanas después, se aprueba meginar exclusivamente en los temas de seguridad y la emergencia de El Niño. Este Fenómeno no esperará a que el Congreso se ponga de acuerdo. Analizo, desde mi experiencia como exsenador, por qué se demora este pedido y qué revela sobre la nueva bicameralidad.
Un pedido demasiado amplio para una urgencia muy concreta
Las materias solicitadas y el error de cálculo
El Ejecutivo pidió 120 días para legislar sobre ocho materias y 66 puntos: seguridad ciudadana, temas penales y penitenciarios, migraciones, régimen laboral, reducción de feriados, creación y fusión de ministerios, simplificación administrativa y transformación digital. Fue un error de cálculo. Fuerza Popular no tiene mayoría en ninguna cámara, como reconoció la propia presidenta, y un paquete tan amplio le dio a cada bancada una razón para oponerse.
El trámite en comisiones y el recorte del pedido
Así ocurrió. Seis comisiones de Diputados se pronunciaron en contra y llegó a discutirse un predictamen que archivaba el pedido. Recién el 1 de octubre, la Comisión de Constitución aprobó un texto acotado: 90 días, solo para seguridad ciudadana y El Niño. El Pleno lo verá este 6 de octubre y, de aprobarlo, pasará al Senado.
Tiempo perdido y la carga innecesaria
Más de dos meses de gestión se han consumido en redactar y discutir este pedido. A mi juicio, innecesariamente. El Perú requiere reformas, pero por partes; si el Gobierno se hubiese limitado a lo urgente, hoy ya tendría las facultades. Amarraron lo vital a lo discutible.
Además, buena parte de la agenda económica ni siquiera requería facultades. Puede avanzar con las atribuciones del superministerio de Economía, que considero excesivas al recaudar y repartir a la vez. Incluirla en la solicitud solo sirvió para multiplicar los puntos de fricción.
Dos cámaras y una pregunta abierta: ¿hasta dónde llega el Senado?
El marco legal de la Ley 31988
La demora revela también que las reglas de la bicameralidad necesitan mayor precisión. La Ley 31988 no reprodujo el modelo de 1979: hoy los senadores no tienen iniciativa legislativa, pero sí la última palabra. El artículo 102-A de la Constitución permite al Senado “aprobar, modificar o rechazar” lo que llega de Diputados. Su Reglamento, sin embargo, prohíbe incorporar “materias distintas” (artículo 25) y “desnaturalizar” la propuesta (artículo 142), un concepto que nadie ha definido.
El rol revisor de la Cámara Alta
Mi posición es que no debe acotar al Senado más allá de lo que establecen la Constitución y la ley. Si el Senado puede decidir la vacancia de la presidenta, y ella puede disolver la Cámara de Diputados, no tiene sentido reducirlo a poner un sello. Una segunda cámara existe para revisar y mejorar lo aprobado por la primera: perfeccionar la técnica legislativa, precisar plazos, introducir salvaguardas y corregir errores. Lo que no debe hacer es reconstruir un proyecto que Diputados decidió recortar. Por ahora.
El riesgo de un conflicto de competencias
Si Fuerza Popular apuesta a que el Senado reincorpore las materias excluidas, como el régimen laboral o la reorganización de ministerios, cometería un segundo error de cálculo. Abriría una disputa de competencias entre cámaras y, eventualmente, una controversia ante el Tribunal Constitucional. Las facultades urgentes se demorarían todavía más.
Lo que el Senado de ayer puede enseñarle al de hoy
La modernización de 1987 y el uso de tecnología
En 1987, siendo segundo vicepresidente del Senado, su presidente, Ramiro Prialé, me encargó presidir la comisión de modernización. El Diario de los Debates arrastraba diez años de retraso. Con computadoras Apple y un convenio con Naciones Unidas —sin costo para el Senado— lo entregamos en 48 horas. Modernizamos el Reglamento, que aún está presente en Diputados y Senadores, e interconectamos con un computador central (adquirido vía proyecto) con el MEF, BCR e INEI para legislar con cifras reales.
Independencia política y referentes parlamentarios
Ese Senado aprobó la acusación de cinco ministros apristas por el caso Dólar MUC, pese a la mayoría oficialista de ese entonces. Figuras como Luis Alberto Sánchez, Armando Villanueva, Felipe Osterling, Manuel Ulloa Elías, Andrés Townsend, Guillermo Larco, Carlos Malpica, Sandro Mariátegui, Enrique Chirinos Soto, Eugenio Chang Cruz y el senador vitalicio Fernando Belaunde Terry entendían que la Cámara Alta debía ser rápida, técnica e independiente.
Tres claves para la reforma bicameral
En 2025 llevé esa experiencia a la Comisión de Constitución que presidía Fernando Rospigliosi. Planteé tres claves: reglas claras de modificación entre cámaras, comisiones con alta asesoría técnica y pactos vinculantes Ejecutivo-Legislativo. Esto rescata el proyecto de concertación que desarrollé en 1980-1981 con la ONU, inspirado directamente en los Pactos de la Moncloa de España y la Experiencia Italiana para lograr acuerdos nacionales compartidos.
Conclusión: Eficiencia institucional ante la crisis
El mercado persa del Congreso unicameral debería quedar atrás. La bicameralidad tendrá sentido si la segunda cámara revisa con calidad, responsabilidad y rapidez. El Perú no puede darse el lujo de esperar mientras crecen la inseguridad y los riesgos de El Niño. Esta primera prueba dirá si el nuevo Senado está a la altura de la responsabilidad que el país le ha confiado.
