Una estrategia integral y efectiva para terminar con la inseguridad ciudadana, la extorsión y el sicariato.
La visita de la presidenta Keiko Fujimori al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), en El Salvador, fue una decisión acertada. Ningún gobernante debería diseñar una política penitenciaria sin ver funcionar el modelo con más resultados en la región frente a las pandillas. Ir a aprender no es copiar: es tomar nota de cómo se organiza, se construye y se sostiene una cárcel capaz de quebrar el poder de las bandas.
Tras el recorrido, la mandataria anunció que concluirá los seis penales en construcción, incorporando los controles observados en Tecoluca, y que levantará dos megacárceles: una de máxima seguridad, similar al CECOT, y otra para internos de menor peligrosidad, con talleres productivos. Compartimos ese rumbo. Falta decidir dónde empezar.
Lo que enseña Tecoluca
La primera lección del CECOT está en su lógica: seguridad y justicia deben trabajar juntas. Así lo explicó el ministro salvadoreño Gustavo Villatoro, para quien la clave es “mezclar la parte de seguridad con la parte de justicia”. Una cárcel aislada sirve de poco si la justicia sigue lenta.
La segunda es la concentración: reunir a los cabecillas bajo un régimen estricto, sin celulares ni visitas que funcionen como canal de órdenes, cortó la cadena de mando de las pandillas. La tercera es la velocidad: el CECOT se levantó en meses. El ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, ya plantea un sistema modular que reduciría la obra a unos doce meses. La cuarta es el mantenimiento: control del perímetro, escáneres corporales, bloqueo de comunicaciones y rotación de personal. Sin esa disciplina diaria, cualquier infraestructura termina capturada por los internos que debía contener.
Por qué el Frontón debe ir primero
Lima y Callao concentran buena parte de las extorsiones y el sicariato del país, y aquí se origina el problema más visible: los detenidos en operativos llegan a comisarías saturadas y, en pocas horas, vuelven a la calle. El vecino que denunció ve al delincuente en su barrio al día siguiente. Esa impunidad desgasta a la Policía tanto como las balas.
Se necesita un lugar cercano al que trasladar a los capturados en operativos contra el crimen organizado. En Lima solo hay uno con esas condiciones: la isla El Frontón. Está a minutos del Callao y el mar le da un aislamiento que ningún terreno urbano puede igualar. Cumple así el criterio del ministro Álvarez: penales de máxima seguridad fuera de las zonas urbanas, sin alejar a los presos de fiscales y jueces.
Con alrededor de un kilómetro cuadrado, cuatro veces la superficie del CECOT, la isla ofrece espacio para pabellones diferenciados, oficinas judiciales y servicios propios. Además, albergó un penal entre 1917 y 1986, y en 2025 el Ejecutivo aprobó reconstruirlo para unos 2,000 internos de alta peligrosidad. No se parte de cero.
El Gobierno ya construye varios penales para aliviar el hacinamiento, y debe concluirlos. Pero esas obras resuelven el problema del sistema, no el de la calle limeña. Priorizar el Frontón es atacar el problema donde nace: en la capital, donde cada liberación prematura se convierte en un mensaje de impunidad.
Cómo debe funcionar
1. Doble función y separación física
Primero, dos funciones en una misma isla, separadas físicamente, con accesos y personal distintos. Por un lado, el penal de máxima seguridad para unos 2,000 internos, los más peligrosos, ya sentenciados o con prisión preventiva. Por otro, un centro transitorio para los capturados en operativos contra el crimen organizado en Lima y Callao. Ingresan con registro biométrico y separación inmediata, y permanecen solo mientras se les investiga, fuera del alcance de su banda y sin compartir pabellón con los reos del penal.
Detenido no es condenado, y la propuesta debe respetarlo. La Constitución ya permite detener hasta quince días a los sospechosos de integrar organizaciones criminales, y el estado de emergencia que rige en Lima y Callao faculta al Estado a restringir la libertad personal para restablecer el orden. El modelo debe apoyarse en ambas herramientas y en ninguna otra: el centro transitorio funcionaría solo mientras rija la emergencia, con un máximo de quince días por detenido y bajo control judicial permanente. Quien no tenga pruebas en su contra sale libre. La isla no es un castigo anticipado, sino el lugar donde el Estado investiga sin perder de vista al investigado.
2. Administración de justicia in situ y clasificación
Segundo, la justicia en el mismo lugar. En la isla deben operar de forma permanente fiscales, jueces de turno, defensores públicos y la Defensoría del Pueblo, para que esos quince días sirvan para reunir pruebas y exculpar a los inocentes.
Tercero, la clasificación. Concluida la investigación, cada caso tiene destino: la libertad, un pabellón de prisión preventiva o el módulo de máxima seguridad para cabecillas. Un primerizo nunca debe compartir espacio con un jefe de banda.
3. Régimen estricto y autosostenibilidad
Cuarto, el régimen: bloqueo total de señales, vigilancia con inteligencia artificial y trabajo obligatorio bajo el esquema Cero Ocio que el Gobierno ya evalúa.
Quinto, la sostenibilidad. Energía solar, plantas desalinizadoras y abastecimiento marítimo programado reducirán el costo de operar en una isla; la rotación de personal y la tecnología limitarán la corrupción.
El viaje a El Salvador dio su fruto: una idea clara de lo que funciona. Ahora toca aplicarla a veinte minutos de Lima, que es donde más se necesita.
