Los ministros llegaron al Parlamento y ocuparon el hemiciclo en una escena que, más que protocolar, simbolizó un cambio en las reglas del poder. El 20 de agosto, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, acudió con todo su gabinete a la Cámara de Diputados para presentar la Política General de Gobierno 2026-2031, en el estreno de la nueva estructura bicameral del Congreso. Fue la primera comparecencia de un gabinete bajo un nuevo esquema en 34 años, sin el voto de confianza.
El nuevo equilibrio de poderes en el esquema bicameral
La diferencia no es menor. Bajo el régimen anterior, la presentación del gabinete estaba vinculada a la investidura y a una cuestión de confianza cuya aprobación condicionaba la continuidad ministerial; el nuevo modelo elimina esa obligación y el Ejecutivo ya no necesita una fotografía parlamentaria de respaldo para empezar a gobernar. Esto modifica el equilibrio de poderes: el Gobierno gana margen inicial, y el control se desplaza hacia asuntos concretos, sobre todo hacia la delegación de facultades legislativas.
Esa holgura tiene un precio y una oportunidad. El nuevo gobierno no cumple un mes y enfrenta una ciudadanía que lo medirá por resultados, no por discursos. Seguridad, crimen organizado, prevención de desastres, salud, inversión y empleo marcaron la exposición, y un sismo de magnitud 7,2 en Ayacucho, en plena sesión, convirtió el debate sobre capacidad estatal en una prueba real de coordinación.
El debate sobre la reducción y fusión de ministerios
En esa misma sesión, sin embargo, el gabinete no planteó ninguna reducción o fusión de ministerios: fueron congresistas de algunas bancadas quienes lo exigieron. La idea no es nueva: en campaña, catorce partidos la incluyeron en sus planes de gobierno; esta misma columna revisó ese capítulo de las propuestas durante el proceso electoral.
Tienen razón en su pedido. El Ejecutivo arrastra una estructura fragmentada, con superposición de competencias, oficinas paralelas y rigidez en el gasto corriente, y un Estado más chico y mejor diseñado terminaría sirviendo mejor al ciudadano. Pero se equivocan en el momento.
Una reforma ministerial no se aprueba por decreto: requiere ley y, por tanto, una mayoría en una Cámara de Diputados repartida entre seis fuerzas y un Senado dividido en partes similares. Negociarla, artículo por artículo y bancada por bancada, exige meses de capital político.
Cronograma de riesgos: El Niño y el reto sísmico
1. La alerta climática y la urgencia operativa
Ese otro frente ya tiene calendario. El Senamhi elevó la alerta por El Niño hasta abril de 2027: el riesgo, medio-alto en agosto, sube a alto entre setiembre y octubre, a muy alto entre noviembre y enero, y llega a su punto más crítico en febrero. El sismo de Ayacucho ya adelantó en vivo el tipo de examen que se viene: coordinar ministerios, gobiernos regionales y Fuerzas Armadas para responder a tiempo.
2. Lecciones internacionales de alerta temprana
Pero prevenir no es solo coordinar mejor la respuesta: es invertir en lo que anticipa el desastre. México y Japón, líderes mundiales en alerta sísmica, demuestran que una red de sensores puede darle a la población, en Ciudad de México o Tokio, hasta poco más de un minuto antes de que llegue la onda destructiva: tiempo suficiente para detener trenes, abrir puertas de colegios o ponerse a resguardo. El Perú, país sísmico por definición, no tiene nada parecido. Esa es la obra pendiente de este gobierno, no la reforma ministerial, sino asegurar una alerta temprana propia, que es lo único capaz de salvar vidas.
Cautela institucional y prioridades del gobierno
La experiencia internacional también respalda la cautela frente a la reforma del Estado. Colombia fusionó en 2002 los ministerios del Interior y de Justicia; años después, la experiencia fue considerada fallida y en 2011 ambos volvieron a separarse. La lección no es que fusionar esté mal, sino que fusionar rápido y sin diseño técnico sí lo está.
Por eso, la ruta razonable no es descartar la reducción del Estado, sino postergarla con criterio: que el Ejecutivo demuestre primero, entre ahora y el pico de la alerta en febrero, que puede prevenir el desastre climático y empezar a construir la alerta sísmica, y que después, con los expedientes técnicos que la ley exige, se discuta con calma integrar MIDIS y MIMP, unir PRODUCE y MINCETUR, o crear un Ministerio de Infraestructura.
Reducir el Estado deberá ser la reforma pendiente. Pero la prioridad de la presidenta deberá ser liderar la prevención de los desastres naturales que cobran vidas e infraestructuras en todos los sectores.
