José Linares

Por Eco. José Linares Gallo

Aunque no tengo el temperamento de aguafiestas me parece que muchos de mis colegas economistas se han mostrado demasiado optimistas con el crecimiento económico de los últimos años. Se ha hablado, por ejemplo, del supuesto crecimiento de nuestra clase media y han soslayado que una de cada dos empresas opera en la informalidad, que más del 70% de peruanos tienen empleos precarios en esta economía sumergida y que el 20% de nuestro PBI proviene de la informalidad y el narcotráfico. Pero además han olvidado que la brecha de productividad del Perú respecto a la estadounidense tras años de crecimiento aún se encuentra al 80% de su productividad registrada en 1980.

En efecto, no obstante el crecimiento económico de los últimos 13 años y de la reducción significativa de la pobreza, la persistencia de la alta tasa de informalidad en el país viene generando motivadas preocupaciones por la economía del país en el mediano y largo plazo. Y es que la informalidad es ahora una importante contribuyente a males nacionales tales como: la falta de institucionalidad en la sociedad y el Estado; el pernicioso y creciente voluntarismo de estado y hasta ser uno de los agravantes de la delincuencia y la inseguridad ciudadana.

El transporte informal es una de las mil caras de la economía sumergida en el Perú que ocasiona una gran cantidad de accidentes.

La menor calificación de los trabajadores informales los orienta obviamente a actividades de baja productividad traduciéndose en menores sueldos. Pero en el Perú la situación luce mucho más agravada. Cifras conservadoras de la CEPAL dan cuenta por ejemplo que mientras que en Argentina un trabajador informal gana cerca del 80% de lo que gana un trabajador formal, en el Perú —en promedio esta cifra está por debajo del 50%. Ello explicaría por ejemplo la ola de inmigración peruana hacia dicho país.

La percepción de la informalidad en el Perú ha ido cambiando con el tiempo y así hasta antes de la década del ochenta era visto como una suerte de villano. En términos del notable Mancur Olson, el informal era el odiado y advenedizo FREE RIDER dispuesto a aprovechar todas las externalidades positivas que le brindaba la sociedad y el Estado pero que siempre se mostraba esquivo para retribuir lo recibido.

Luego vendría un período donde el informal se erigiría como un pionero y un innovador cuya iniciativa y creatividad era, antes bien, restringida persistentemente por el Estado. Según esta nueva percepción, la mediocre burocracia nacional con sus laberínticas exigencias, era la villana de la película.

Uno de los peores rostros de la informalidad se encuentra en la minería con su secuela de explotación infantil y prostitución.

La rueda de la percepción nacional había girado así 180 grados y no quedaba más remedio que exigirle al Estado mucho más comprensión y empatía por quienes habían sido orillados a la informalidad. Se inventaron infructuosas nuevas fórmulas y hasta surgieron regímenes tributarios especiales y facilitados. Y en dicho vía el Estado peruano poco a poco se agotó, se perdió y se fue desentendiendo del asunto hasta finalmente tirar la toalla.

Durante el proceso el Perú ha cambiado: se ha optado por una economía libre de la intervención del Estado y como consecuencia inmediata de ello hay menos espacio para las políticas populistas. Con ello se han ganado ciertos sectores a la eficiencia, la economía ha venido creciendo sostenidamente y las cuentas macroeconómicas lucen ordenadas. La informalidad, sin embargo se mantiene inalterada y hasta agravada en sus formas más nocivas tal como por ejemplo lo es la minería ilegal con su secuela de explotación infantil y prostitución.

¿Qué explica entonces la persistencia de la informalidad?

Pues bien el asunto es tan delicado y poco estudiado que el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) ha firmado un Convenio con la Universidad de Denver, la cual realizará un estudio que buscará dar alcances para la reducción de la informalidad. Se supone que en un año tendrán un sólido material de investigación para compartir con los tres niveles de gobierno (nacional, regional y local). Entre tanto, desde esta columna nos hemos puesto la meta de informar al lector sobre este importante tema mediante una serie de 4 artículos comenzando con el presente.

No obstante la enorme incidencia de la informalidad no existen estudios exhaustivos que den respuesta a cómo deberíamos afrontarlo. La Universidad de Denver ha sido justamente contratada por el Perú para ocuparse del tema

Retornando ya al tema que motiva este artículo podemos afirmar, con temperamento introductorio que la economía informal, en términos generales, agrupa al conjunto de empresas y trabajadores cuyas actividades operan fuera de los marcos legales. En consecuencia, pertenecer al sector informal implica estar al margen de las imposiciones tributarias, supone estar fuera del sistema crediticio moderno y, desde la perspectiva del trabajador, implica carecer de beneficios sociales.

Cosas más, cosas menos, todos estamos de acuerdo con esta descripción pero en lo que no parece haber acuerdo es en definir la informalidad. El Banco Mundial, por ejemplo, asocia la informalidad con una opción empresarial naciente que logra superar la falta de oportunidades y reglamentación (autoempleo por ejemplo).

Otra idea muy difundida en los países en desarrollo es que la informalidad es una estrategia de supervivencia ante la constante precarización y desaparición del empleo formal como resultado de una baja absorción de mano de obra de la economía nacional.  La informalidad, sin embargo podría combinar ambas características.

La CEPAL —en el momento de su prédica de la intervención del Estado y la sustitución de importaciones, sugería que se trataba tan solo de un problema de la organización de la producción que podría afrontarse en el área técnica y con una perspectiva de modernización de las relaciones laborales.

La OIT por su parte, con solo afán descriptivo, mencionaba que el sector informal comprendía un conjunto de actividades (medios de producción), cuya  características principales son: (i) el pequeño tamaño de la empresa; (ii) la facilidad de entrada de nuevos competidores; (iii) la ausencia de regulación; (iv) el uso de tecnologías intensivas en mano-de-obra; (V) y la propiedad de la familia.

Fue justamente la OIT que en 1972 introdujo el concepto de “sector informal” comprendiendo en éste a los trabajadores con ingresos insuficientes resultantes de la baja productividad de sus ocupaciones. En el año 2002, la OIT amplía el concepto a “Economía Informal” y redefine el trabajo informal basándose en las condiciones laborales de los trabajadores más allá del Sector (formal o informal) en el que se encuentran ocupados. En este enfoque, frente a la complejidad y heterogeneidad del sector informal, subyace la idea de formalizar la informalidad con la elaboración de políticas públicas.

Pero el 2003 la OIT introduce un nueva noción. Dicho año emerge el concepto de “Empleo decente” y lo distingue de otros tipos de actividades que ahora deberían ser reconocidas como “situaciones de precariedad laboral”. El trabajo decente, según esta forma de ver las cosas, es la ocupación productiva justamente remunerada la cual se ejerce en condiciones de libertad, equidad, seguridad y respecto de la dignidad humana. Este concepto abarca ámbitos de: formalidad y de derechos laborales, que remiten a una discusión más amplia sobre cómo aumentar la competitividad y generar empleos productivos.

Mientras sobrevenían todas estas maneras de ver y explicar la informalidad, en otros sectores académicos comienzan a entender la informalidad como una “herramienta de lucha contra la pobreza” y hasta como como un fenómeno virtuoso que, no obstante, debía siempre ser visto como transitorio. Se planteaba, en consecuencia, medidas de política que permitieran fortalecer estas empresas. El Estado implícitamente asumía con ello el pago de una “deuda social”.

Pero pronto el enfoque de herramienta de “lucha contra la pobreza” migró hacia la perspectiva de “Gestión de la Pobreza” mediante la cual se intenta rescatar la dimensión social y política asociada a lo informal. La tarea ahora sería la reducción de secuelas y consecuencias de este fenómeno, a través de la participación de organizaciones de la sociedad civil, las comisiones estatales para el empleo, y otros. Es decir lo informal no es percibido más como un instrumento para erradicar la pobreza, sino como algo capaz de mitigar sus efectos.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *