La alta rotación de los ministros y las investigaciones contra el mandatario y su entorno siguen erosionando la efectividad del Gobierno para implementar políticas públicas sectoriales. Este deterioro está afectando el crecimiento económico que ha venido descendiendo. Es necesario superar los riesgos del debilitamiento de la gobernanza y de riesgo país, mejorando nuestro grado de inversión.
De ahí el pronunciamiento de los empresarios para el próximo CADE Ejecutivos, a realizarse entre el 8 y 10 de noviembre, que plantea que es ineludible que los empresarios asuman un mayor nivel de protagonismo para retomar el crecimiento económico, con lo cual estamos totalmente de acuerdo. El CADE “El Perú en Emergencia: los peruanos en acción” abordará tres ejes temáticos: inversión privada, un Estado que funcione, e instituciones sólidas y democracia. El desarrollo del país requiere simultáneamente de estos tres ejes fundamentales.
Se requiere un acuerdo nacional donde los empresarios tengan un rol preponderante en la medida en que asuman un plan de inversiones significativas para poder generar empleo en el país. Para ello los empresarios están reclamando estabilidad y ello supone, según Gonzalo Galdós, presidente de IPAE, que se retome una institucionalidad sólida en los poderes del Estado y que no haya interferencia de poderes, para ellos poder invertir.
En la actualidad, los empresarios están en un dilema sobre si deben tener más protagonismo en la economía, en torno a la inversión y a la generación de empleo. En este momento en que el Perú está en una emergencia, ese rol es ineludible porque esta crisis no se va a poder superar si no hay inversión, si no se prioriza el crecimiento del empleo y no se reduce la pobreza.
También se anuncia la próxima intervención de la OEA, al haberse activado la Carta Democrática por solicitud del Perú. Este organismo internacional que se compone de 35 países de todo América debe ser absolutamente neutral.
El que Argentina, Bolivia y Colombia hayan adelantado opinión, no significa que la OEA esté parcializada con el gobierno del Perú. Por delante está la permanencia de la democracia en el país, que durante sus 200 años de república nunca había tenido cinco transferencias democráticas seguidas, aunque la cuarta requirió de cuatro presidentes.
La comisión de la OEA, después de informarse y buscar puntos de consenso entre todas las partes, debe viabilizar una convocatoria de ancha base para un diálogo nacional permanente, que permita superar la crisis e iniciar el desarrollo integral del país, con el compromiso de las fuerzas vivas de la nación de generar políticas de desarrollo consensuadas y vinculantes. Recordemos que la última concertación (Acuerdo Nacional del 2002), paradójicamente en teoría hasta ahora vigente, no obtuvo ningún resultado por no ser vinculante.
Si todos asumen su responsabilidad, se podría dar seguridad para que las políticas públicas sean efectivas y se logren objetivos comunes. Y se daría seguridad a los empresarios (nacionales e internacionales) para que inviertan; única salida de la crisis económica y social que afronta el país.
Con respecto a la investigación al presidente de la República, es deseable que el Poder Judicial y el Ministerio Público, tratándose de un tema nunca efectuado contra un presidente en funciones, conozcan la opinión de la OEA al respecto, en la búsqueda de que continúen con las investigaciones, pero bajo los cauces estrictos de la legislación vigente. En última instancia, también se podría decidir un adelanto de elecciones generales (Legislativo y Ejecutivo), pero previamente una reforma constitucional que asegure que la democracia y el desarrollo se fortalezcan.
Lo que se lograría elevando la valla electoral a no menos del 10%, impidiendo el transfuguismo y modificando la elección parlamentaria para que el 50% de los congresistas sean electos en primera vuelta y 50% en segunda vuelta. También es necesario volver a la bicameralidad, para tener mejores leyes y un adecuado balance de poderes, al existir facultades para que el Presidente disuelva la cámara de diputados y, a su vez, el senado pueda destituir al Presidente; en ambos casos con causales totalmente claras.
Además, el presidente del Consejo de Ministros debe, bajo su responsabilidad, proponer al Presidente candidatos probos para ministros. Para ello debe buscar, aparte de la experiencia profesional idónea para el ejercicio del cargo, a candidatos que no dispongan de antecedentes de corrupción con el Estado. Los medios informáticos hoy lo facilitan.