José Linares

El Banco Central de EEUU (FED) ha subido su tasa de interés de corto plazo desde cerca de cero hasta un rango actual de 2.25%, y pronostica que llegará a 3.4% al final del presente año. Sin embargo, su tasa de inflación aún continúa elevada (8.5%), por lo que la tasa de interés podría subir aún más.

En el Perú, la inflación anual a julio llegó a 9.3%, y la inflación de alimentos a cerca del 14%, reduciendo significativamente los ingresos de la población (12%). El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), tomando como referencia la tendencia en EEUU, entre enero y agosto de 2022, subió su tasa de interés de 0.25% a 6%. Y el 11 de agosto, volvió a subir la tasa de 6% a 6.5%, dejando de lado la propuesta del ministro de Economía Kurt Burneo para armonizar la política monetaria con la política fiscal, buscando que el consumo y la inversión no pierdan impulso.

Este rápido crecimiento de la tasa de interés es una clara expresión de la falta de instrumentos de la autoridad monetaria para controlar la inflación, que está muy por encima del rango meta (3%).

La insuficiencia de instrumentos de los bancos centrales para controlar la inflación es un problema internacional, lo cual se agrava en el Perú por la falta de un Instituto Nacional de Planificación, que permita priorizar la inversión en el corto, mediano y largo plazo, y por el abandono del Instituto Nacional de Estadística e Informática en los últimos 20 años (el último censo económico se efectuó hace 14 años, contraviniendo la Ley de Censos de 1959, que estipula que se realicen cada 5 años; esta ley debería actualizarse considerando la tecnología digital existente, para que los censos se realicen por lo menos cada 3 años).

Como consecuencia de las subidas de las tasas de referencia del BCRP, el crédito se ha encarecido, así para la mediana empresa subió de 4.8% hasta 12.5%; para las grandes empresas de 3.4% a 8.8%, para las pequeñas empresas de 17.5% hasta 20.4%; y para la microempresa de 31.6% hasta 35.3%. Esto ha frenado la toma de créditos para fines productivos, y además el índice de morosidad en la devolución de los créditos ha comenzado a aumentar, inclusive en los préstamos reprogramados por la pandemia.

Burneo, desde el MEF, advierte que Perú pasa por una situación política “particularmente conflictiva” y viene aplicando políticas monetarias y fiscales que “han operado claramente en la dirección de enfriar la economía”, mientras que el BCRP sostiene que la elevación de la tasa de interés es necesaria para controlar la inflación, aún a costa de desacelerar el endeble crecimiento económico.

En este caso es necesario que el MEF y el BCRP busquen un equilibrio consensuado, teniendo en cuenta que la causa de la inflación (9.28%) tiene un componente principalmente internacional, por el incremento de precio de las importaciones de alimentos (13.9%) e hidrocarburos (30%). Para la disminución de la inflación de alimentos e hidrocarburos, se requiere de una política nacional efectiva de sustitución de patrones de consumo por productos nacionales (cereales y gas natural).

El BCRP busca que la demanda baje y los precios caigan para combatir la inflación, sin tener en cuenta su impacto en el crecimiento económico y el empleo, por lo que se están creando las condiciones propicias para una recesión.

Hay escasez de insumos en el mundo entero, y es obvio el daño que ha causado la guerra de Ucrania en la oferta de fertilizantes, también es claro el aumento del gasto público para enfrentar la pandemia, y la crisis alimentaria y energética, y es notorio el reajuste de la logística como consecuencia de la pandemia. Y, en el caso peruano, la falta de productividad del sector agropecuario, y la creciente importación de alimentos básicos y de petróleo. Si a estos determinantes se les agrega la devaluación del sol, es evidente que suban los precios.

El aumento del costo del crédito no es el único mecanismo de política para solucionar tan graves problemas estructurales. Se necesita mejorar la performance del gasto público en inversión, mantener las reglas fiscales para reducir el déficit fiscal, garantizar la seguridad alimentaria y sostener la dinámica de reactivación de la actividad económica, en general.

Por ECO. José Linares Gallo

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