Por Eco. José Linares Gallo
Cumpliendo lo que anunciáramos en un artículo previo, dedicaremos una serie de tres artículos para analizar el reciente proceso de delegación de facultades legislativas. Este es el primero.
Tal como se sabe el Congreso de la República aprobó delegar facultades legislativas en materia económica, administrativa, financiera y en seguridad ciudadana. Esto en un contexto socio-político donde el Estado debe gobernar sin mayoría en el Congreso y a un año para de acabar su mandato. El antecedente es que el Poder Ejecutivo solicitó facultades legislativas primero para temas económicos, administrativos y financieros, de modo muy general y posteriormente solicitó facultades legislativas para el tema de seguridad ciudadana, con aspectos más específicos.
El Congreso de la República ha otorgado Facultades Legislativas con modificaciones. En primer lugar se ha recortado el plazo a 90 días de los 120 solicitados; y en segundo lugar, solo se aprobaron 5 incisos de los 9 solicitados en materia económica, administrativa y financiera, aunque sí el total de incisos para el tema de Seguridad Ciudadana.
En materia Económica:
“a) Promover, fomentar y agilizar la inversión pública y privada, las asociaciones públicos privadas y la modalidad obras por impuestos, así como facilitar y optimizar los procedimientos en todos los sectores y materias involucradas, incluyendo mecanismos de incentivos y reorientación de recursos, que garanticen la ejecución en los tres niveles de gobierno, y en las distintas actividades económicas y sociales”.
“b) Facilitar el comercio doméstico e internacional, establecer medidas para garantizar la seguridad de las operaciones de comercio internacional, eliminar las regulaciones excesivas que lo limitan, así como facilitar la provisión de servicios de transporte acuático regular de pasajeros, donde no haya oferta privada suficiente e idónea en la Amazonía”.
El inciso C – Fue rechazado:
“c) Fomentar el desarrollo del mercado de capitales, impulsar el mercado de factoring, fortalecer el sistema financiero, así como otorgar incentivos fiscales para promover fondos de inversión en bienes inmobiliarios, el arrendamiento de inmuebles para vivienda y el financiamiento a través de las facturas negociables, fortalecer el intercambio de información tributaria y financiera y colaboración entre Estados, así como la supervisión de las cooperativas de ahorro y crédito”.
El inciso D – Fue rechazado:
“d) Promover un marco legal que cautele la emisión de títulos de deuda pública que se encuentren registradas en los distintos mercados financieros, así como promover medidas para cautelar la capacidad fiscal del Estado Peruano para el cumplimiento oportuno de sus obligaciones”.
El inciso E – Fue rechazado:
“e) Fortalecer la organización y optimizar los procedimientos de los ministerios, organismos públicos, organismos reguladores, empresas estatales e instituciones de los tres niveles de gobierno”.
El inciso F – Fue rechazado:
- f) Reforzar el marco legal y el rol del Estado en la promoción, planificación y seguridad para el desarrollo de las actividades energética y minera, así como fortalecer su función concedente para el ejercicio de dichas materias”.
El inciso G – Fue aprobado:
- g) Perfeccionar la regulación y demás aspectos de las actividades de generación, distribución eléctrica y de electrificación rural, así como dictar el marco general para la interconexión internacional de los sistemas eléctricos y de intercambio de electricidad”.
El inciso H – Fue aprobado:
- h) Promover el Consumo Humano Directo del recurso hidrobiológico a través del desarrollo de la acuicultura, impulsar la innovación, la transferencia tecnológica, la mejora de la calidad, el desarrollo e implementación de los parque industriales y ecosistemas productivos, de manera sistémica integral, así como de los CITE; y establecer procedimientos ágiles y transparentes para su rápido despliegue”.
El inciso I – Fue aprobado:
“i) Establecer medidas que promuevan el acceso a la vivienda y la formalización de la propiedad; así como fortalecer la rectoría sectorial en saneamiento con la finalidad de fomentar, modernizar, racionalizar y optimizar la infraestructura y los servicios de saneamiento y asegurar la sostenibilidad de los recursos hídricos”.
Al inciso I se le agregó: «Así como fomentar el arrendamiento de inmuebles para vivienda y el financiamiento a través de facturas negociables»
Conclusiones
Esto significa que el Poder Ejecutivo no podrá legislar sobre el fortalecimiento del intercambio de información tributaria y financiera, y el otorgamiento de incentivos fiscales de bienes inmobiliarios; tampoco sobre la cautela de las emisiones de títulos de deuda pública en distintos mercados financieros; ni sobre la supervisión de Cooperativas de ahorro y crédito; tampoco sobre el fortalecimiento y optimización de los procedimientos de los ministerios, organismos públicos, organismos reguladores, empresas estatales e instituciones de los tres niveles de gobierno (que podría haber sido ser sujeto de excesos contra la administración pública); y se limitó el reforzar el marco legal y rol del Estado en la promoción y seguridad energética (que podría amenazar los derechos ambientales), y tampoco legislar sobre el fortalecimiento del Estado en materia de actividades de energía y minería.
Los proyectos del Ministerio de Energía y Minas que por ser muy genéricos no fueron aprobados (referidos a la formalización minera, modificaciones en la Ley General de Minería, así como en la Ley General de Hidrocarburos) serán enviados en la próxima legislatura para que sean debatidos en comisiones; al igual que los demás temas no aprobados.