El Perú enfrenta el desafío urgente de dinamizar su inversión pública y cerrar la brecha de infraestructura que limita su desarrollo. En este contexto, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha anunciado que, antes de julio, presentará un primer paquete de medidas orientado a la desregulación y desburocratización de los procesos estatales. El objetivo es claro: destrabar proyectos de inversión y facilitar su ejecución en plazos más eficientes.
Actualmente, el país cuenta con una cartera de proyectos de inversión privada por más de 46 mil millones de dólares, acumulados durante años, y considerados listos para adjudicarse entre 2025 y 2026. De hecho, el MEF proyecta un crecimiento del PBI de 4% para 2025, cifra que, aunque prometedora, está sujeta a la capacidad real de movilizar y ejecutar estos proyectos.
Cabe indicar que el BCRP ha revisado recientemente su proyección de crecimiento del PBI para 2025, estimándolo en 3.2%, debido al mayor dinamismo en los sectores construcción y servicios, así como por el impulso de la inversión pública, que crecería 6.5%, tras un notable incremento del 14% en 2024. Por su parte, la inversión privada mostraría una mejora gradual, con un crecimiento proyectado de 4.1% frente al 2.6% del año anterior.
Ante el agotamiento del modelo tradicional de obra pública, se viene consolidando un cambio de paradigma que promueve una colaboración más activa entre el sector público y el privado. En este escenario, las Asociaciones Público Privadas (APP) y las Obras por Impuestos (OxI) se posicionan como instrumentos clave para lograr un Estado más ágil y eficiente.
Las APP permiten canalizar inversión privada mediante contratos de largo plazo con el Estado, compartiendo riesgos y responsabilidades, y garantizando estándares óptimos de servicio para la ciudadanía. En lugar de depender únicamente del presupuesto público, estas asociaciones aprovechan la experiencia técnica, operativa y financiera del sector privado para diseñar, construir y operar proyectos de alto impacto.
Por su parte, las Obras por Impuestos han demostrado ser una herramienta eficaz para acelerar la inversión a nivel subnacional. Aunque suelen aplicarse a proyectos de menor escala, su impacto es significativo. En 2024, este mecanismo alcanzó un récord histórico: 126 proyectos ejecutados por más de S/ 4,200 millones, cuadruplicando el pico más alto registrado en 2017. Esto confirma que, con capacitación y agilización de procesos, las OxI pueden convertirse en un motor potente de desarrollo regional.
El Ejecutivo, a través del MEF y ProInversión, ha presentado la Cartera de Inversiones 2025-2026, que contempla sectores estratégicos como transportes, saneamiento, salud, educación, hidrocarburos, electricidad, agricultura y turismo. Esta cartera incluye 80 proyectos que demandan una inversión total de US$ 60 mil millones para el periodo 2023-2026. Solo para 2025 se proyecta adjudicar 34 proyectos por más de US$ 8 mil millones, con iniciativas emblemáticas como la Longitudinal de la Sierra, que potenciará el turismo en Cusco con más de un millón de visitantes anuales, el Teleférico de Choquequirao, y hospitales como el de Villa El Salvador y el Hospital Militar.
También destacan proyectos complementarios como las adendas a concesiones, que permitirán adelantar inversiones sin iniciar nuevos procesos de licitación. Un ejemplo de ello es la ampliación del Puerto de Matarani, que implicará inversiones adicionales por US$ 700 millones.
Un avance importante en esta cartera es la mejora de los procesos de preinversión, que se realizan con estudios técnicos bajo estándares internacionales y supervisión independiente. Además, estos procesos están sujetos al control concurrente de la Contraloría General de la República, que debe modernizarse y utilizar las herramientas de la era de la inteligencia artificial que permitan asegurar que los gastos del Estado se realicen con el principio de calidad y precio.
En paralelo, se discute una reforma que permitiría a ProInversión no solo adjudicar, sino también supervisar la ejecución de los proyectos APP, lo que demandaría fortalecer su capacidad técnica y presupuestal. Esta medida busca aliviar la carga sobre los sectores y gobiernos subnacionales, garantizando un seguimiento más riguroso y especializado.
No obstante, existen desafíos. Las APP suelen requerir cofinanciamiento estatal, lo cual plantea un riesgo fiscal en un contexto de restricciones presupuestarias. Por ello, se prevé un lanzamiento gradual de los proyectos al mercado, priorizando aquellos con mayor impacto y viabilidad.
El éxito del Plan de Inversiones 2025-2026 dependerá no solo del destrabe normativo, sino también de la apuesta decidida por mecanismos modernos como las APP y las Obras por Impuestos. Ambos representan una oportunidad concreta para ejecutar obras con mayor calidad, rapidez y transparencia, involucrando activamente al sector privado en la construcción del futuro del país.