José Linares

Atender la problemática social y económica del andino, agudizada ancestralmente, pasa por mejorar, significativamente, la comunicación de sus habitantes, mayoritariamente quechuahablantes, quienes no cuentan con palabras de tecnología de las Eras Industrial, Analógica y Digital en su lengua nativa, limitando su productividad.

La provisión de servicios públicos, en particular educación, salud, economía familiar, infraestructura y seguridad, deberían ser el foco central de la acción estatal: nacional y regional. Sin embargo, esto no ha sido priorizado en las regiones del Sur del país, principalmente donde hay reacciones violentas, en el contexto actual de protestas (Puno, Ayacucho, Huancavelica, Cusco y Apurímac).

En las zonas andinas, hay un problema cultural (quechua, aimara), que se expresa en la falta de una comunicación gubernamental efectiva, y de inclusión integral, por ello es necesario respetar el derecho del niño a educarse en su lengua nativa.

La reivindicación del sur andino debe iniciarse lingüísticamente, modernizando la lengua quechua al incorporar palabras de tecnología, economía, emprendimiento y Estado que permitan incrementar significativamente el aprendizaje del niño quechuahablante en la escuela primaria, secundaria y no escolarizada (aproximadamente 1 millón 300 mil), así como la productividad en la población económicamente activa (PEA) quechuahablante, que va de los 14 a los 64 años (aproximadamente 3 millones), quienes necesitan trabajar en quechua y español, utilizando tecnologías de la época en que les toca vivir.

Sin embargo, su acceso al ciberespacio está limitado por falta de palabras tecnológicas en su lengua nativa; las lenguas que no han ingresado a la Era Digital vienen desapareciendo; en el caso del quechua, ha disminuido del 30% al 13% en las últimas tres décadas (INEI).

La Alfabetización Digital (en español y quechua) plantea una nueva forma de aprender en la escuela, sin diferencias entre lo urbano y lo rural, donde la pedagogía activa, creativa y centrada en el estudiante, fomenta el trabajo autónomo; dejando atrás la educación tradicional donde el estudiante ve, oye y transcribe lo que dice el profesor, por la construcción de su propio conocimiento a través de la exploración, investigación y solución de problemas en aulas presenciales y a distancia (donde se comparten contenidos de alta calidad y recursos tecnológicos-didácticos).

Existen ya experiencias, en las últimas dos décadas, en las aulas quechuahablantes escolares y de educación técnica-superior, que han permitido la creación de palabras tecnológicas, económicas, de emprendimiento y Estado en quechua, previamente inexistentes, y que han sido validadas en comunidades andinas. Lo mismo es necesario hacer con la lengua aimara, por ser la segunda lengua más hablada del país.

Este planteamiento puede potenciarse con la opinión de algunos especialistas como la del almirante Jorge Moscoso, exministro de Defensa, que, frente a la crisis de gobernanza pública en algunas regiones andinas, recomienda que el Gobierno debe mejorar su comunicación con los ciudadanos y retomar la iniciativa estratégica para que su presencia en este territorio sea eficiente e incluyente con la población; lo cual considero que debería darse en español, quechua y aimara.

En esa perspectiva se plantea una Estrategia de Control y Gestión Territorial, donde el control territorial (Activos Críticos) esté a cargo del Ejército por su alto poder disuasivo y pacificador, y que, a su vez, la Gestión Territorial se articule con un Plan de Acción (metas a plazos) para los servicios de Educación, Salud y Economía Familiar, y que sean articulados por la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales (CIAS), desde la PCM; requiriéndose, a mi juicio, asesoría internacional (OCDE, Naciones Unidas u otras).

Un reciente comunicado conjunto del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior anunció que la Policía Nacional del Perú, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, efectuará el desbloqueo de las carreteras de la Red Vial Nacional que se encuentran declaradas en estado de emergencia, considerando que a la fecha hay 11 fallecidos a causa de los bloqueos que no han permitido el desplazamiento de las emergencias en cada caso.

Además, el bloqueo de carreteras ha ocasionado escasez y sobrealza en los precios de alimentos de primera necesidad, gas doméstico y combustible, e incluso en algunas regiones está poniendo en riesgo el suministro de agua potable, lo cual afecta principalmente a los peruanos más pobres.

En este contexto, es necesario que, a través de los medios de comunicación, se haga conocer a la población los efectos nocivos del cierre de carreteras, y que la intervención se haga previo un proceso de diálogo con quienes se manifiestan para evitar más pérdidas humanas.

Por ECO. José Linares Gallo

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