José Linares

La regionalización es el proceso de transferir parte del poder del gobierno central a las regiones, ya sea creando nuevas regiones o fortaleciendo o fusionando las existentes. En la actualidad, en la Era Digital, es frecuente la revisión de los procesos de descentralización en función de mejorar, integralmente, la eficiencia del Estado para el bienestar de sus poblaciones.

Por su parte, la gobernanza es el proceso por el cual una sociedad decide sus objetivos y las formas de coordinación entre diferentes entidades públicas y actores privados, que permitan crecimiento económico con desarrollo integral.

En los últimos 50 años, en el mundo, independientemente de que se trate de países federales o unitarios, se ha adoptado el profundizar cada vez más las reformas de gobernanza regional, especialmente en la OCDE y Europa, pero también en Asia y América; reformas que buscan aumentar el grado de poder de la autoridad regional (autonomía, nuevas responsabilidades, poderes fiscales, entre otras).

Las reformas de la gobernanza regional y el aumento de la autoridad regional requieren instrumentos de gobernanza multinivel eficientes, más o menos vinculantes, flexibles y formales, que generalmente tienen dos propósitos: 1) coordinar las políticas públicas y la inversión entre los niveles de gobierno y las partes interesadas; y 2) reforzar la capacidad de diseño e implementación de políticas e inversiones en todos los niveles.

Es decir, tener responsabilidades compartidas, coordinación entre los niveles de gobierno para superar las inconsistencias en las políticas públicas, coordinar los proyectos que funcionan con propósitos cruzados o la asignación ineficiente de recursos. Así como la promoción y facilitación de la coordinación vertical para producir resultados alineados y suficientemente claros para todos los niveles de gobierno. Los instrumentos pueden ser acuerdos contractuales o comités intergubernamentales, intercambio de experiencias y conocimientos alrededor de intereses comunes.

Por otro lado, las reformas de la gobernanza regional también son una oportunidad para desarrollar la capacidad estratégica, en particular en la planificación e implementación del desarrollo regional. El fortalecimiento de las capacidades de monitoreo y evaluación de políticas es particularmente importante para el éxito de las reformas de la gobernanza regional y la implementación de políticas de desarrollo regional.

En el Perú, el fracaso de la integración de regiones mediante el referéndum de 2005, trajo como resultado un proceso de descentralización inconcluso que nos dejó 25 gobiernos regionales hacia los que se han transferido, de manera imperfecta, competencias de gasto, pero ninguna competencia de ingreso; necesitamos reducir el número de regiones.

Sin embargo, este proceso trajo avances en la descentralización de la inversión pública, donde el gobierno central, que estaba a cargo del 60% de la inversión pública, ha pasado a encargarse de sólo del 33% de dicha inversión. Pero este cambio en la ejecución ha sido muy deficiente y no ha estado exento de corrupción en la mayoría de los gobiernos regionales, esto debido a que existe un déficit de especialistas entre los funcionarios públicos de los gobiernos regionales, debido a la alta movilidad que sucede en cada cambio de gobierno regional, por falta de una carrera pública regional en el diseño y ejecución de políticas públicas.

Sucede que los especialistas suelen irse cuando terminan los gobiernos regionales de turno. Es decir: se han desarrollado capacidades en cada gobierno regional a través de las cooperaciones canadiense, italiana, alemana y de Países Bajos; sin embargo, ya no quieren capacitar, porque siempre pasa que la gente que forman está relacionada a los gobernadores regionales de turno y son reemplazados al terminar su mandato.

Además, se debe considerar que, básicamente, los gobiernos regionales, desde hace años, sirven como ventanillas de pago de planillas de servicios públicos de profesores, profesionales de la salud y policías; lo que se refleja en que más del 70% del gasto de los gobiernos regionales se financian con transferencias de recursos ordinarios, aquellos que provienen de la recaudación del impuesto general a las ventas y del impuesto a la renta. Los gobiernos regionales, a diferencia de los gobiernos locales, no tienen ninguna potestad tributaria, no pueden crear tributos regionales.

El 2018 se creó el Viceministerio de Gobernanza Territorial en la PCM, cuya función principal es articular las intervenciones del Poder Ejecutivo en el territorio entre las entidades públicas del gobierno nacional, los gobiernos regionales y gobiernos locales. Sin embargo, no se ha considerado la diversidad territorial y los avances en la gobernanza regional no han sido previstos y básicamente reaccionan ante las protestas sociales y desastres naturales.

Por ECO. José Linares Gallo

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