Mientras continúa el conteo de votos y el país espera conocer oficialmente al próximo presidente, existe una realidad que no cambiará con los resultados electorales: millones de peruanos siguen esperando mejores oportunidades para progresar, acceder a servicios de calidad y construir un futuro más seguro para sus familias.

El modelo económico en la historia constitucional peruana
Desde hace décadas esta preocupación forma parte del debate nacional y ha quedado reflejada en sucesivas constituciones. La Carta de 1933 ya incorporaba la dimensión social en la economía. La Constitución de 1979 consolidó esa orientación al introducir el concepto de economía social de mercado, el cual fue mantenido posteriormente por la Constitución de 1993.
Las diferencias entre las dos últimas constituciones son conocidas. La de 1979 otorgaba al Estado una participación más amplia en la actividad económica, mientras que la de 1993 restringió ese papel mediante el principio de subsidiariedad. Sin embargo, más allá de esas diferencias, ambas compartieron una convicción universal: el crecimiento económico tiene sentido cuando contribuye a mejorar la vida de las personas.
El pensamiento político del siglo XX ante la desigualdad
Esa preocupación también estuvo presente en buena parte del pensamiento político peruano del siglo XX. Víctor Raúl Haya de la Torre y José Carlos Mariátegui mantuvieron profundas discrepancias ideológicas, pero coincidieron en que el desarrollo del Perú debía construirse desde nuestra propia realidad.

Haya evolucionó hacia posiciones democráticas que posteriormente influirían en distintos sectores de la socialdemocracia latinoamericana. Mariátegui, desde una perspectiva distinta, insistió en comprender las particularidades económicas, sociales y culturales del país. Ambos entendieron que el Perú requería respuestas propias para enfrentar la desigualdad.
Referentes internacionales: Crecimiento con cohesión social
Por eso resulta importante observar las experiencias internacionales que lograron combinar crecimiento económico con una fuerte preocupación por la calidad de vida de sus ciudadanos. Los países escandinavos, especialmente Suecia, Noruega y Dinamarca, son probablemente los casos más conocidos. Durante décadas impulsaron economías competitivas con alta industrialización e innovación tecnológica, fortaleciendo sistemas de bienestar social, a partir de la educación, salud e infraestructura que hoy figuran entre los logros económicos y sociales más representativos.

Algo similar ocurrió en Alemania, Austria y los Países Bajos. Ninguno de estos países renunció a la economía de mercado ni desplazó al sector privado. Por el contrario, fortalecieron su capacidad productiva y utilizaron parte de la riqueza generada para ampliar oportunidades, reducir desigualdades y fortalecer la cohesión social.

La apuesta asiática por el capital humano
Asia también ofrece experiencias relevantes. Corea del Sur pasó de ser uno de los países más pobres del mundo después de la guerra a convertirse en una potencia tecnológica. Japón siguió un camino parecido. En todos los casos hubo una apuesta sostenida por la educación, la productividad, la innovación y la formación de capital humano.
Otra experiencia importante es la de la República Popular China, que logró un crecimiento económico sostenido mientras sacaba de la pobreza a más de 800 millones de personas. Este caso será abordado próximamente cuando tratemos del primer aniversario del megapuerto de Chancay, considerado el hub logístico más importante del Pacífico.

Lo importante es que ninguno de estos avances apareció de manera espontánea. Fueron el resultado de políticas consistentes, mantenidas durante décadas y respaldadas por acuerdos nacionales que sobrevivieron a los cambios de gobierno. La educación, la infraestructura y la competitividad dejaron de ser consignas partidarias para convertirse en objetivos compartidos.
Desafíos estructurales y ventajas estratégicas del Perú
Quizá allí se encuentre una de las principales lecciones para el Perú. Los países que hoy exhiben mejores indicadores sociales no enfrentan crecimiento económico con bienestar como si fueran objetivos incompatibles. La estabilidad democrática se fortalece cuando la ciudadanía percibe que existen oportunidades reales para desarrollarse.
Naturalmente, el Perú enfrenta desafíos distintos. La informalidad continúa afectando a millones de trabajadores, las brechas territoriales siguen siendo profundas; y servicios fundamentales como salud, educación y seguridad muestran importantes limitaciones. Sin embargo, también contamos con ventajas que pocos países poseen en el actual contexto de desarrollo internacional.
El mundo avanza hacia una transición energética que demandará cada vez más cobre, plata y otros minerales indispensables para las tecnologías limpias. El Perú posee las mayores reservas del mundo de estos recursos, una ventaja estratégica que debe servir para impulsar la tan ansiada industrialización del país y que no podemos desaprovechar nuevamente.
Además, contamos con estabilidad macroeconómica y una población joven que demanda espacios reales de progreso. De lo contrario, miles de talentos continuarán buscando fuera del país las oportunidades que no encuentran aquí. El desafío está en transformar nuestras ventajas en bienestar para toda la población.
Quien resulte elegido presidente necesita recibir un mandato lo más legítimo posible para enfrentar un país cada vez más fragmentado y dividido en partes iguales. Por ello será indispensable construir acuerdos que involucren a toda la sociedad.
