Los gobiernos y los responsables de la formulación de políticas educativas están cada vez más preocupados por la equidad y la inclusión en la educación, debido a varias tendencias mundiales importantes, como los cambios demográficos, las crisis migratorias y de refugiados, el aumento de las desigualdades y el cambio climático.
El desarrollo de un sistema educativo equitativo e inclusivo requiere un enfoque holístico. Esto es que vincule áreas clave, como el diseño curricular, para la equidad y la inclusión en educación.
Muchos países, como el nuestro, enfrentan las desigualdades en el acceso a las tecnologías digitales e Internet en la educación, y en la alfabetización digital en español y en sus lenguas originarias.
En 2022 había más de 3.3 millones de conexiones en el mercado de Internet Fijo, con más de 7 empresas; además de 44 millones de líneas celulares activas. Sin embargo, solo un 20% de colegios públicos tiene acceso a internet, y les sirve de muy poco, porque tienen, particularmente, un bajo ancho de banda, lo que imposibilita la comunicación simultanea de varios usuarios.
Los datos del Programa de la OCDE para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA) 2018 muestran que el uso de Internet por parte de los estudiantes sigue aumentando, aunque no en todos los países, como el Perú.
Según la Plataforma ESCALE del Ministerio de Educación, apenas existe una computadora básica, como las tablets, por cada once estudiantes de primaria y secundaria a nivel nacional.
Las adquisiciones reiteradas de tablets en el Perú no han sido de calidad ni han llegado a cantidades significativas, por lo que consideramos que estos equipos que en el mercado se pueden encontrar a un promedio de 200 soles, deberían ser parte de los útiles escolares, y ser adquiridos por los padres de familia, salvo los que se encuentren en pobreza y pobreza extrema, para asegurar una computadora, o mejor aún, un smartphone por alumno, tal como se ha dado en oriente, hoy la primera educación del mundo.
Pero hay que tener en cuenta que no basta una computadora, cualquiera que ella sea, si no existen contenidos digitales significativos, particularmente aulas virtuales interactivas.
Por otro lado, la Política Nacional de Transformación Digital, publicada el 28 de julio busca incrementar la ciudadanía digital, es decir se centra en garantizar que la persona ejerza deberes y derechos en el mundo digital. Para ello, lo primero es garantizar que tengan acceso a Internet: la conectividad digital.
Se debe garantizar el acceso inclusivo, seguro y de calidad al entorno digital para todas las personas. En concreto, significa generar un entorno de pruebas regulatorio tecnológico para que el sector privado y el sector público se pongan de acuerdo en nuevas formas de conectividad, no solo la Red Dorsal. Esto es, que junto con el sector privado se podrán desplegar dispositivos móviles, datos y acceso a Internet en aquellas zonas donde todavía no llega el Estado.
La Conectividad está en manos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), lo que debería disponer de ministros técnicos. También participan el MIDIS, el MINEDU y la PCM, porque tienen intervenciones que no necesariamente dependen de la Red Dorsal. Además, participa el MEF con los mecanismos de financiamiento (obras por impuestos y asociaciones público-privadas).
La baja conectividad, especialmente en el ámbito de los gobiernos locales, es lo que la OCDE denomina como Brecha Digital; solo un 14% de los municipios tiene un plan de gobierno digital, y para alcanzar objetivos al 2030 se necesita impulsar y potenciar la Red Dorsal, y enseñar a usar los espacios digitales con herramientas básicas, intermedias y avanzadas.
El fomento del Talento Digital, debería ser el rol fundamental del Ministerio de Educación, con esta política se llega a todos los niveles educativos, y eso implica preparar los espacios de aprendizaje. Se tiene que capacitar a los profesores y se tiene que expandir esto hacia la comunidad educativa. También hay que tener en cuenta, en el ande, el rol actual de la mujer, a cargo de la producción de la parcela agrícola, requiere, también, de conectividad para mejorar su productividad.
Para el año 2024 se debería constituir una Autoridad Nacional de Transformación Digital en la PCM, porque ahora existen cerca de 32 plataformas nacionales que se tienen que mantener y garantizar su sostenibilidad operativa. Y avanzar en un proyecto de inversión pública que busque descentralizar la transformación digital, incluyendo el sector educativo y agrario.
Por ECO. José Linares Gallo