José Linares

La fórmula presidencial Castillo-Boluarte, por la que votaron mayoritariamente los peruanos, falló en el primer titular, pero hubo una reserva moral que tuvo que ser mujer: Dina Boluarte, quechuahablante del distrito de Chalhuanca, de la provincia de Aymaraes, departamento de Apurímac.
El sur andino, puede tener hoy la reivindicación tan esperada, pero se necesita un cambio profundo en las posibilidades de los quechuahablantes, y este comienza con su reivindicación lingüística a través de la tecnología. Hay lugares en el sur andino, donde más del 70% son exclusivamente quechuahablantes, como es el caso de la provincia de Aymaraes (75%), de donde procede la presidenta.

Es sabido que gran parte de la pobreza y pobreza extrema en el Perú, paradójicamente, se encuentra en uno de los lugares más ricos de nuestro país: el Ande, y esto se debe a la brecha lingüística que enfrentan principalmente los quechuahablantes, quienes no tienen palabras de tecnología, economía ni emprendimiento en su idioma nativo, lo que limita significativamente la educación, productividad, competitividad y empleabilidad de los 4.5 millones de quechuahablantes peruanos a lo largo de su vida, afectando nuestro PBI global.

Por ejemplo, en el caso de los agricultores quechuahablantes de parcelas familiares de autoconsumo, tan solo ganan un aproximado de 650 soles mensuales por persona, menos de un mínimo vital. Si potenciamos su productividad, además de incrementar sus ganancias, se abriría la posibilidad de reducir la importación de granos (trigo), al ser reemplazados por tubérculos y cereales andinos, lo que impactará en la calidad de la alimentación peruana y disminuirá la pérdida de reservas monetarias.

El quechua ha disminuido en un 60% en los últimos 30 años, así lo demuestran los censos desde 1993. Esto se debe a que el quechua no ha ingresado al ciberespacio: se requiere educar, desde la escuela, con un quechua enriquecido lingüísticamente utilizando medios digitales. Recordemos que, en estos tiempos, el idioma que no ingresa al ciberespacio, desaparece.

Un proceso de alfabetización digital en quechua permitiría la revitalización del idioma nativo con la incorporación de vocablos de tecnología, economía, emprendimiento, sociedad y Estado propios de las Eras Industrial, Analógica y Digital, que hemos desarrollado en estos últimos 26 años.
El Ministerio de Cultura consideró nuestro trabajo como un aporte ciudadano al Bicentenario de la República, mientras por su parte, el Ministerio de Educación (Digeibira) consideró que nuestra experiencia debe continuar, la misma que fue practicada con jóvenes quechuahablantes en educación terciaria a través de Beca 18 (2015-2019), provenientes de Ayacucho, Cusco, Huancavelica y Apurímac.

Este proceso mejoraría la calidad educativa de 1 millón 200 mil estudiantes quechuahablantes de educación inicial y primaria y 3 millones de quechuahablantes entre jóvenes y adultos (de entre 14 y 64 años), integrantes de la Población Económicamente Activa (PEA), hoy sin capacidad de empleo digno.

Una experiencia similar que resaltar es la de la minera Bear Creek en Puno, la cual ha apoyado a comunidades quechuahablantes trabajando electrónica, utilizando palabras en inglés y quechua, lo que ha permitido que exporten lana de alpaca de alta calidad, incrementando significativamente sus ingresos.

El que la primera presidente mujer sea quechuahablante y de una de las zonas más empobrecidas del país, abre grandes oportunidades a la reivindicación lingüística del quechua, pues se puede asumir, que, conocedora de los problemas que afectan a la población, podrá tomar medidas que mejoren directamente la calidad de vida de poblaciones que han sido olvidadas por 500 años: 300 de Colonia y 200 de República; ya es tiempo de que los niños quechuahablantes estudien con la tecnología de la época en que les toca vivir.

La presencia en Palacio de Gobierno de los distintos gremios empresariales, expresándole el pleno respaldo a la presidenta, podría asegurar la inversión privada nacional e internacional, que, a lo largo de estos últimos 3 años, ha estado casi paralizada; no obstante, continuamos siendo la tercera economía de Sudamérica.

Tras haber sido aprobada en primera legislatura el adelanto de elecciones para el 2024, con 93 votos, en estos 20 meses que tiene por delante la presidenta, debería proponer mesas de diálogo representativas del empresariado, trabajadores y organizaciones sociales, para iniciar un proceso de pacificación del país con desarrollo.

Vale recalcar que hace mucho tiempo que no existía un consejo de ministros con altas capacidades técnicas y que ha jurado a la presidenta realizar una gestión sin corrupción, sin dudas el mayor problema que enfrenta nuestro sistema democrático. Para combatir la corrupción, el Estado debe asegurar un equilibrio de precio y calidad en las licitaciones.

Por ECO. José Linares Gallo

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