En el marco de las protestas y convulsión social de las regiones del Sur del país, se ha argumentado que las regiones no tienen capacidad de gasto y son corruptas, es decir generadoras de su propio subdesarrollo, pues siempre ha habido recursos económicos que no se han utilizado. Pero las causas de esta situación son más complejas y vienen desde mucho tiempo atrás.
Se debe considerar que el proceso, iniciado el 2005 con un referéndum para formar Macrorregiones (gobierno de Toledo), dio un resultado negativo, lo que llevó al cierre del Consejo Nacional de Descentralización – CND (planificador del proceso de regionalización), pasando a convertirse en la Secretaría de Descentralización de la PCM.
Desde allí las políticas de descentralización han sido poco coordinadas, centradas en la capacitación operativa y en la transferencia de ciertas funciones poco articuladas al proceso de modernización de la Administración pública, es decir con un débil concepto de Gestión Pública Descentralizada.
Al gobierno central, hasta ahora le cuesta ceder poder: la descentralización no ha sido pensada para la gobernanza territorial, que tiene por objetivo el logro de un desarrollo económico, social e institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil, la economía y el entorno socio ambiental.
El sistema de gestión de las Inversiones Públicas está demasiado burocratizado. Existe una rectoría centralizada desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que tiene que ver con las restricciones de gasto y los desfases en las autorizaciones de uso de los recursos presupuestados para las unidades ejecutoras (gobiernos regionales y locales), lo que contribuye a que no puedan disponer de sus presupuestos oportunamente, siendo reportados como incapacidad de gasto.
Según el ex presidente regional de Apurímac, Baltázar Lantarón, la ejecución presupuestal tiene problemas con la ley de contrataciones del Estado, que es un instrumento de gestión desfasado, que no está acorde al tiempo de la tecnología y del internet: aún se tiene que firmar físicamente los documentos, y los funcionarios se ven obligados a viajar constantemente a diversos lugares. Esta ley viene retrasando las inversiones del Estado.
También hay que tener en cuenta que existen cerca de 2,000 proyectos no concluidos, de los cuales la mayoría están en manos de gobiernos regionales y municipales. Si bien el gobierno central tampoco ha concluido algunos proyectos, son los que tienen mayor magnitud presupuestal.
Se requiere transferencia de funciones y competencias de los ministerios a los gobiernos regionales y municipales, para evitar situaciones como las que genera el Ministerio de Transportes y Comunicaciones cuando demora hasta año y medio en hacer estudios de impacto ambiental, frenando diversos proyectos regionales y municipales ya aprobados.
Según Augusto Thorne, exministro de Economía, el sistema de inversión no conversa bien con el sistema presupuestal. Se recibe el dinero en junio de un año y se les exige resultados a los ejecutores en diciembre de ese mismo año. Por eso el MEF el 2016 y 2017 planteó que se entregue en marzo y se creó un sistema multianual, que no está vigente desde el 2018.
Entre los problemas que afectan a la administración pública regional y municipal también está el que se requiere de un nuevo servicio civil que no dependa de los gobiernos de turno. Se ha perdido a mucha gente de la administración pública a la cual se debería recontratar. Se necesita especialistas en inversiones.
Este déficit se da, en parte, porque no existe una carrera pública regional en el diseño y ejecución de políticas públicas regionales para el desarrollo, aunque sí en la administración del servicio (atención al público), a pesar de que la cooperación internacional ha capacitado a formuladores y ejecutores de proyectos los últimos 20 años.
Sucede que estos expertos suelen irse cuando termina el gobierno regional de turno. Es decir: se han desarrollado capacidades en cada Gobierno Regional a través de las cooperaciones canadiense, italiana, alemana y de Países Bajos; sin embargo, ya no quieren capacitar, porque siempre pasa que la gente que forman está relacionada a los gobernadores regionales de turno y son reemplazados al terminar su mandato.
A estos problemas se sumó que durante el gobierno de Castillo no interesaba la calificación profesional de los funcionarios, lo que conllevó a una deficiente administración del Ejecutivo: la volatilidad en la administración pública que había en las regiones se trasladó al gobierno central (70 ministros). Esto contribuyó a que el presupuesto público se convierta en un sistema discrecional de las decisiones políticas para asignar presupuesto arbitrariamente.
Por ECO. José Linares Gallo