La corrupción no es solo un delito: es un obstáculo al desarrollo que perpetúa desigualdades y debilita el tejido social. Una administración pública transparente y con altos estándares de integridad no solo mejora los servicios que reciben los ciudadanos, sino que también fortalece la democracia, fomenta la participación ciudadana y promueve un ambiente más propicio para la inversión y el crecimiento económico. La transparencia y la integridad son pilares fundamentales para construir una sociedad más justa, inclusiva y democrática.
En el Perú, donde la corrupción ha erosionado la confianza en las instituciones públicas, es esencial fortalecer un sistema de integridad para combatir la corrupción y para garantizar a los ciudadanos puedan ejercer plenamente sus derechos civiles.
En el marco del proceso de Adhesión a la OCDE, desde 2017, el Perú ha dado pasos importantes en esta dirección, pero es necesario consolidar y expandir estos esfuerzos para que tengan un impacto significativo y duradero.
Actualmente, los entes rectores de integridad y transparencia en el Perú son la Secretaría de Integridad Pública (SIP) y la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ANTAIP), ambas pertenecientes al Ejecutivo y la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN). Pero, su eficacia y credibilidad deben reforzarse, debido a la falta de coordinación entre las diferentes entidades encargadas de prevenir y combatir la corrupción. Las duplicidades de funciones, la carencia de recursos y la falta de una visión unificada han limitado la capacidad del Estado para abordar esta problemática de manera integral. Además, que los procesos internos muchas veces carecen de transparencia, lo que alimenta la desconfianza ciudadana y debilita el compromiso colectivo con la legalidad.
Para cambiar esta realidad, el Perú necesita construir un sistema que integre las funciones de transparencia, protección de datos e integridad en un solo marco estratégico. Más que crear nuevas instituciones, se requiere repensar las existentes, dotándolas de mayores recursos y facultades, y asegurando su autonomía frente a influencias políticas y económicas. Algo que podría mejorar, por ejemplo, a partir de la reinstauración del Senado, desde donde se podría crear una comisión que revise las compras públicas utilizando tecnología como la Inteligencia Artificial, para evaluar si las compras cumplen con el criterio de calidad-precio; esto dependerá de qué tan cerca de los intereses del país estén los próximos senadores.
Adicionalmente al establecimiento de un Sistema Nacional de Integridad y Transparencia (SNIT), como lo recomienda la OCDE en un documento del 24 de diciembre pasado; este sistema no solo debe unificar los esfuerzos de las diferentes instituciones, sino también fomentar una cultura de integridad que filtre tanto al sector público como al privado.
El liderazgo político juega un papel central en este proceso. No se trata solo de voluntad política, sino de adoptar un enfoque inclusivo que invite a la sociedad civil, el sector privado y los medios de comunicación a ser parte activa del cambio. La corrupción no puede combatirse en soledad: requiere un compromiso colectivo que trascienda ideologías, partidos y empresas.
Es fundamental que las reformas se centren en las personas, para garantizar que los ciudadanos no solo tengan acceso a información clara y oportuna sobre cómo se toman las decisiones públicas, sino también que puedan participar activamente en esos procesos.
En la lucha contra la corrupción y la promoción de la integridad es esencial contar con un sistema transparente para garantizar que los recursos públicos se utilicen de manera eficiente y equitativa, y se traduzcan en mejores servicios de salud, educación y seguridad para todos los ciudadanos; y así se genere confianza en las instituciones, un elemento indispensable para la estabilidad política y social.
En el plano económico, un sistema nacional de integridad puede ser un motor de desarrollo. Al reducir las prácticas corruptas, se crean condiciones más favorables para la inversión, se fomenta la competencia leal y se promueve la innovación. En un mundo cada vez más interconectado, los países que priorizan la transparencia tienen una ventaja competitiva significativa.
El camino hacia un Perú más íntegro y transparente no está exento de desafíos, se requiere de fortalecer el sistema de integridad, no es solo una tarea técnica, sino un acto de justicia. Es momento de que el Perú adopte una visión audaz y comprometida con el cambio.
La construcción de un sistema nacional de integridad y transparencia no es un fin en sí mismo, sino una herramienta para garantizar que el país avance hacia un futuro más inclusivo, justo y democrático.