Raúl Alcántara Oyola
Economista Especialista en Control Gubernamental.
No sólo la corrupción genera pérdidas cuantiosas al Estado. La ineficiencia es tanto o más onerosa y, aún, más onerosa, aunque también suele ir acompañada de actos de corrupción: obras publicas mal ejecutadas, compras innecesarias, etc.. La indolencia de la burocracia en cada gobierno que hemos tenido, presenta niveles de ineficiencia e ineficacia que generan cuantiosas deseconomías, las mismas que responden, en parte, a la carencia de cuadros tecnoburocráticos de alto y medio nivel, del bajo o nulo nivel de valores y a las imperfecciones y/o ausencia de normas que regulen afectivamente decisiones burocráticas que involucren recursos financieros. Adicionalmente, debemos señalar que la clase política no se preocupa de formar cuadros técnicos ni de inculcar valores. Competencia y honestidad debería ser la fórmula básica para emprender una autentica modernización del Estado.
Al respecto, la CARTA IBEROAMERICANA DE CALIDAD EN LA GESTIÓN PÚBLICA, adoptada por la XVIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno en San Salvador, El Salvador, del 29 al 31 de octubre de 2008 (hace 7 años aprox.) y suscrita por el Perú, establece como grandes principios para evaluar una gestión pública los siguientes
Principio de eficacia. ……… entendido como la consecución de los objetivos, metas y estándares orientados a la satisfacción de las necesidades y expectativas del ciudadano.
Principio de eficiencia. ……………., comprendido como la optimización de los resultados alcanzados por la Administración Pública con relación a los recursos disponibles e invertidos en su consecución.
Principio de economía. …………., esto es, que el funcionamiento de la Administración Pública propenda a la utilización racional de los recursos públicos.
La asignación de recursos a la Administración Pública se ajustará estrictamente a los requerimientos de su funcionamiento para el logro de las metas y objetivos previstos.
Existen innumerables casos clamorosos de derroche e ineficiencias, que pueden ponerse como ejemplos, pero que no trascienden a la opinión pública, tenemos por ejemplo
– Adquisición por un valor aproximado de medio millón de dólares de un software que se ha subutilizado o no fue utilizado. También hay de montos menores
– Contratación de servicio de reingeniería de procesos operativos por más de 50 millones de nuevos soles. La contratación se llevó a cabo a fines del 2012. Con esto se pone en evidencia, que la entidad no cuenta con personal idóneo para gestionar sus propios procesos y tiene que pagarle a un tercero para que 1ro. conozca sus procesos y 2do haga propuestas de mejora…. ¡¡¡¡¡¡¡¡!!!!!
– Paralización de la gestión y desperdicio de recursos humanos existentes, sustituidos por contratos de consultorías (tercerización) para que realicen labores propias de las funciones asignadas por Ley Orgánica. La más importante unidad orgánica se encuentra paralizada.
Se dan casos hasta de beneficio personal muy puntual, como por ejemplo, el que un nuevo directivo no le guste las instalaciones ni el equipamiento y mobiliario asignado, y decida, motu proprio, con dinero público, ordenar su remodelación, reequipamiento y cambiar el mobiliario. Lo más lamentable, no es materia de observación del órgano de control institucional.
A propósito no hemos mencionado los nombres de las entidades, pero de esto tiene conocimiento la Contraloría General de la República, directamente o a través de sus órganos de control institucional. Presumimos que este derroche es mayor en la medida que no son observados por las instancias de control, las mismas que explican que estas prácticas se mantengan en el tiempo, porque nunca fueron sancionadas o las sanciones no son eficaces para detenerlas o desincentivarlas.
Que sentido tiene destinar valiosos recursos públicos para la adquisición, remodelación, reconstrucción y/o construcción de edificios públicos si con ello no mejoran sus procesos que le dan razón de existir a las instituciones?. Nadie ni nada para el afán “constructor” de la burocracia. Se puede decir que en algunos casos esta actividad responde a visiones faraónicas de burócratas indolentes y mediocres que incapaces de dejar huella de su gestión, prefieren levantar monumentos a su ineficiencia.
Otro proceso importante, por el cual se generan deseconomías e ineficiencias es a través de La subcontratación o tercerización de servicios en la administración pública. Desde gobiernos anteriores se viene efectuando en forma indiscriminada y atentatoria de los recursos públicos, incluso hay casos donde en la práctica las instituciones del Estado a través del gobierno de turno, se desentienden de sus propias funciones para las que fueron creadas. En la práctica, indirectamente, las planillas se incrementan con consultorías individuales o corporativas, más de las veces onerosas. Por ejemplo, hay una entidad que tiene contratado un ejército de estudios jurídicos para atender las demandas judiciales de ciudadanos que sienten afectados sus derechos.
Los gestores públicos desconocen lo que es racionalidad económica. Es necesario perfeccionar las normas de austeridad presupuestal, pero teniendo como referente la mencionada Carta Iberoamericana de Calidad en la Gestión Pública y una Ley Marco que regule, específicamente, la austeridad y calidad del gasto público.
Algunas sugerencias adicionales:
- Formular y aprobar una norma que regule la adquisición, construcción, remodelación y reconstrucción de edificios públicos, previa prohibición para los próximos 20 años estos gastos, con excepciones para establecimientos educativos, de salud y de carácter productivo con fines sociales.
- Formular y aprobar una norma que regule las subcontrataciones (tercerización) en las entidades públicas. (No nos estamos refiriendo a la ley 29245 de tercerización laboral).
- Que los órganos del Sistema Nacional de Control identifiquen las ineficiencias y deseconomías detectadas a través de sus auditorías de gestión (resultados). Esto requiere que los órganos de control cuente con especialistas de buen nivel y con experiencia en gestión. Un auditor malo es aquel que nunca ha hecho gestión y sólo aplica las normas sin criterio racionalizador. A la Contraloría deberían llegar sólo aquellos profesionales que hayan tenido un mínimo de 10 años de experiencia de gestión en entidades públicas.
- Garantizar la calidad de las compras estatales, estableciendo normas técnicas de control de calidad de estricto cumplimiento, las mismas que forman parte de las bases en los procesos de contratación y/o adquisición.
- Supervisar el uso y beneficios de los bienes y servicios adquiridos por las entidades del Estado.
- Publicar en los portales de transparencia, en forma separada los gastos vinculados al fortalecimiento de los procesos operativos de los procesos administrativos.
- Adecuar el acceso y disponibilidad de la información pública a fin que cualquier ciudadano, pueda contar con información detallada para analizar la calidad de la gestión pública, generándose un observatorio de control ciudadano. Mayores detalles de estos cambios se irán proponiendo en siguientes artículos.
Debemos señalar que el presente artículo constituye una primera reflexión sobre el tema, el mismo que será materia de estudios futuros prolijos y detallados.
Lima, 30 de abril de 2015