La pandemia ha evidenciado la vulnerabilidad de la población ante la pérdida del ingreso; y a pesar del crecimiento del PBI en el 2021, este no alcanza para combatir el aumento de la pobreza, la desigualdad, la informalidad y la desocupación, que continuarán durante algunos años más, y requerirán la continuidad de los apoyos gubernamentales. Sin embargo, la riqueza mundial ha aumentado en 7.5% (CEPAL).
Debido a esto, existe un consenso en los organismos internacionales: que el Ingreso Básico Universal (IBU), puede ser, por lo menos en teoría, un mecanismo para combatir la desigualdad y la pobreza. Al respecto la CEPAL, el Banco Mundial, la OCDE y el Fondo Monetario Internacional (FMI) han trabajado diversos documentos.
Incluso el FMI considera que, para asegurar el desarrollo, es necesario vincular 3 ejes de política: el impuesto a los altos ingresos, el establecimiento de un IBU y aumentar el gasto en salud y educación. En esa perspectiva el FMI ha estimado que los costos de la implementación de un IBU serían equivalentes al 25% de la canasta básica familiar; en el caso de Perú, es de S/ 1,440, por lo que el IBU podría ser de S/ 360 mensuales por persona.
El IBU es una forma de sistema de protección social por el cual todos los ciudadanos de un país recibirían regularmente, desde el gobierno, una suma de dinero sin condiciones, ni contraprestaciones; que serviría para satisfacer un cierto nivel de necesidades básicas (alimentación). Su incondicionalidad asegura que quien trabaje más gane más, es decir que cualquier ingreso adicional tiene un beneficio neto positivo. De tal manera, el IBU se convierte en un ingreso complementario a los ingresos laborales.
El Papa Francisco, en octubre 2021, ha planteado dos medidas: un ingreso básico o salario universal (IBU) para que cualquier persona acceda a los más elementales bienes de la vida y para que esta propuesta pueda desarrollarse, ha emplazado a los gobiernos a plantear nuevos esquemas fiscales y redistributivos; y, como segunda medida, ha planteado la reducción de la jornada laboral para que haya un mayor acceso a puestos de trabajo.
En el caso de los EEUU, el Congreso aprobó entregar US$ 600 semanales para casi todos sus ciudadanos, por un lapso de 11 semanas. Esto fue necesario, especialmente para las comunidades afroamericanas y latinas, que sufrían una proporción elevada de desempleo.
En el caso de América Latina y El Caribe, las respuestas de los gobiernos frente a la crisis sanitaria, han sido rápidas, pero insuficientes. En el 2020, aumentaron la pobreza y pobreza extrema, llegando a 209 millones de pobres en la región (1 de cada 3 latinoamericanos), de los cuales 78 millones están en situación de pobreza extrema (13% del total de latinoamericanos).
El desafío actual en la región es mantener las transferencias económicas para apoyar a la recuperación de los ingresos de los hogares.
La CEPAL estima que el crecimiento de América Latina y El Caribe se recuperará en 5.9% en 2021, y prevé que crecerá sólo 2.9% en 2022, debido a sus problemas estructurales de baja productividad, que se reflejan en la reducción del empleo (9%) y el aumento de la informalidad (54.7%) en el 2020, afectando mayormente a mujeres y población joven.
Las transferencias monetarias, adoptadas por el gobierno peruano desde que inició la emergencia sanitaria, han sido diversas, sin embargo, al existir una política fragmentada, y una deficiente atención a la población, en el 2020 la pobreza creció hasta el 31.1% y comprende a cerca de 10 millones de personas. Además, los programas de protección tradicional, de transferencias monetarias condicionadas, no fueron suficientes para revertir esta situación a niveles de antes de la pandemia.
Para reducir estos niveles de pobreza, es imperativo que se exploren técnicamente las diferentes propuestas acerca del Ingreso Básico Universal, que se contribuya a implementar un nuevo sistema de Protección Universal, y que se generen las condiciones fiscales que hagan viable financiarlo a nivel gubernamental.
Por ECO. José Linares Gallo