La corrupción sigue siendo un problema fundamental en el Perú, y es uno de los temas centrales que ocupa toda discusión sobre política pública y oportunidades de desarrollo, de cara a la celebración de sus dos siglos de independencia.
El escenario de la emergencia sanitaria por la covid-19 introdujo cambios drásticos en la gestión pública, generando urgencias en la toma de decisiones y en el modo de resolver los problemas, lo cual requería de un servicio público que actúe con integridad, comprometidos con los valores, principios y normas que deben guiar la ética pública para brindar un servicio adecuado en medio de la emergencia.
La OCDE define la integridad pública como la alineación consistente y la adhesión a valores, principios y normas éticas compartidas (en la administración pública) para mantener y dar prioridad a los intereses públicos, por encima de los intereses privados.
El nivel de corrupción aumenta en la medida en que las instituciones estén integradas por individuos con una baja o deteriorada escala de valores. Aumenta cuando existe un bajo costo de oportunidad, es decir, el corrupto tiene poco que perder si es detectado. Esto depende del control interno de cada institución.
Frente a ello, existen la Política Nacional de Integridad Pública, y la Política Nacional de Lucha Contra la Corrupción; y otros componentes de políticas como la Transparencia, Datos Abiertos, Casuística de Resoluciones Judiciales sobre Corrupción, Observatorios de la Sociedad Civil sobre casos significativos de corrupción, y otros. Pero los sistemas de fiscalización (la Contraloría General de la República y el Ministerio Público) tienen una capacidad limitada de atención frente al incremento de la corrupción en la emergencia.
Los riesgos de corrupción en el ámbito público son: la recepción de sobornos (delito de cohecho); actos de apropiación indebida de fondos públicos destinados a la atención de la pandemia (delito de peculado agravado, peculado de uso y malversación de fondos); y la administración irregular de los recursos públicos, lo que podría configurar los ilícitos penales de colusión y negociación incompatible.
Durante la emergencia sanitaria, se incrementó la velocidad con la que se realizan compras urgentes de bienes y servicios, las necesidades de la población y las flexibilizaciones de los procesos de contratación estatal son factores que incrementaron el riesgo de corrupción en las entidades estatales encargadas de enfrentar la pandemia, al incrementarse su poder discrecional.
La Base de Datos de la Fiscalía registró 21,805 nuevos casos de corrupción a nivel nacional, entre enero y diciembre de 2021; aumentando en 11,226 denuncias respecto a las del 2020, evidenciándose un aumento de 106%, en el marco de la pandemia. Y solo se han resuelto 5,220 casos (25%).
El Contralor General ha señalado que el país pierde anualmente S/ 23 mil millones de soles por corrupción e inconducta funcional, que equivale a cerca del 15% del presupuesto público; destacando que se trata de una corrupción estructural, que se debe combatir con cambios profundos en la ley de contrataciones del Estado, que implique mejores reglamentos de ejecución de las obras públicas, y un control concurrente que acompañe la ejecución del gasto (las compras estatales y las contrataciones de servicios).
El estado de emergencia para el sector público implicó el establecimiento del trabajo remoto y posteriormente un trabajo mixto (parte presencial y parte remoto), lo que flexibilizó el funcionamiento de los servicios en la administración pública, y redujo su eficiencia.
La Contraloría General de la República también fue afectada por la emergencia y luego de un mes de aislamiento forzoso al inicio de la pandemia, comenzó a organizar el trabajo remoto que, en promedio, durante la cuarentena, fue de 30% remoto y 70% presencial. Ahora las actividades de control se dan 40% presencial y 60% en remoto. Y cabe señalar que la prioridad del trabajo de la Contraloría en el 2021 estuvo concentrada en la asignación y transferencia de gobierno.
Por ECO. José Linares Gallo