José Linares

El agua potable y el desagüe son necesidades básicas de la población, que deben ser atendidas y reguladas por el Estado. Desde el 2016 la OCDE ha efectuado recomendaciones para mejorar la administración de la Superintendencia Nacional de Servicios de Agua y Saneamiento (Sunass), que regula el abastecimiento de los servicios de agua potable gestionados de forma segura (por entidades públicas, privadas o mixtas), a los que solo tiene acceso el 51% de la población (OCDE).

Sin embargo, el deficiente desempeño de la gestión del agua y el saneamiento a nivel nacional se ha traducido en una acumulación de reclamos ante el Sunass, al cual llegan los usuarios luego de haber agotado todas instancias previas con las empresas, lo que nos hace suponer que la cantidad de reclamos iniciales es muy superior a los que llegan al ente regulador.

Según la Sunass, a nivel nacional, los usuarios presentaron un aproximado de medio millón de reclamos durante todo el 2021. Tras analizar el cuatro trimestre, con 123,647 reclamos, encontramos que la mayoría fueron por consumo elevado, fraccionamiento de recibos, falta de agua en la zona y aniegos por rotura de tuberías de desagüe. Resulta preocupante que, durante el 2021, el Tribunal Administrativo de Solución de Reclamos de los Usuarios solo resolviera el 6% del total: 27,496 apelaciones.

En la última década, Perú priorizó la seguridad del agua en su agenda política, pero los problemas de gestión pública y privada pusieron en peligro la continuidad y la ejecución de las políticas.

El 2016 se promulgó la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, que amplió el ámbito de competencia de la Sunass, la cual se dedicaba, desde 1992, a fiscalizar, fijar tarifas, emitir reglamentos, aplicar sanciones a operadores y resolver conflictos y reclamaciones de solo las 50 Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS) que operan en las zonas urbanas más grandes del país, permitiéndole, además, fiscalizar a 450 operadores en ciudades pequeñas y más de 25,000 prestadores de servicios en zonas rurales, con el fin de garantizar su calidad y sostenibilidad.

Además, la Ley Marco del 2016 y su texto único ordenado, establecen que la Sunass está a cargo de poner en marcha un nuevo modelo de regulación tarifaria para las EPS, que toma en cuenta las diferencias entre los proveedores, su capacidad para afrontar las obligaciones y mejorar la calidad, para finalmente definir la tarifa que corresponda.

En el año 2017, se aprobó la Política y el Plan Nacional de Saneamiento 2017-2021, para lograr el acceso universal y sostenible al saneamiento en 2021 en las zonas urbanas y, en 2030, en las zonas rurales. No se han logrado los objetivos planteados, en parte debido al inestable contexto político y los efectos negativos de la pandemia en la provisión de servicios.

En Perú, el acceso al agua potable llega al 93% de la población, y al 79% el saneamiento; pero el acceso a servicios gestionados de forma segura es inferior: 51% en agua potable y 53% en saneamiento (OCDE). Estas cifras ocultan una clara brecha entre las zonas rurales y las urbanas, lo que implica la existencia de un gran sector informal —incluidos muchos prestadores de servicios sin registro ni licencia—, lo que limita el alcance de la regulación, que se agrava al sumarse los intentos de interferencia política en la fijación de tarifas a nivel local.

La OCDE señala que, en general, se observa un desajuste entre el complejo marco jurídico del sector del agua y saneamiento, la capacidad de las instituciones peruanas para ponerlo en práctica, y existen dificultades de coordinación, debido, principalmente, a la elevada rotación, por razones políticas, de personal prevaleciente en las instituciones.

Valdría la pena recordar que Perú es el octavo país más rico del mundo en agua dulce, y el tercero en América Latina, después de Brasil y Colombia, por lo que resulta paradójico que no seamos capaces de regular, eficientemente y con calidad, este recurso tan valorado, social y económicamente, en el mundo.

Por ECO. José Linares Gallo

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