Recientemente, el Banco Mundial (BM) viene señalando que el Alto Nivel de la Inflación Mundial (con picos de 8%) se mantendría hasta fines de 2024, agravándose tras el conflicto geopolítico entre Rusia y Ucrania. Estima que los precios de la energía aumentarán más del 50% en el 2022, y que comenzarían a reducirse progresivamente desde el 2023; mientras los precios agrícolas y de metales crecerán 20% este año y se reducirán en los dos años siguientes. El aumento resultante de los alimentos (40% en Trigo) y la energía, seguirá incrementando la pobreza.
En este contexto inflacionario (Inglaterra 8%, EEUU 8%, Comunidad Europea 5.1%, Chile 9.4%, Argentina 59.2%), el BM proyecta que la economía peruana crezca 3.4% durante el 2022. En Perú, la inflación a 12 meses se disparó 6.82% a marzo, muy por encima del rango meta (entre 1 y 3%).
Para paliar esta crisis, la receta, casi universal, y aplicada en el país, es incrementar el costo del crédito, para reducir la cantidad de dinero en la economía que fue inyectada durante la emergencia de la covid-19, lo que a la vez trae desempleo, al disminuir la demanda. Complementándose con medidas de protección social a la población vulnerable (bonos, subsidios temporales, focalización) y aliento al consumo de productos nacionales y de bajo costo, lo que requiere ser incluido en el próximo Acuerdo Nacional.
La situación crítica se refleja en la disminución de la capacidad de compra, que incrementa significativamente la pobreza; no solamente la pobreza extrema. Por ejemplo, el ingreso promedio de trabajo en Lima ha caído a S/ 1,600 mensuales (caída de 4%). Pero también las pymes y los emprendedores están en el centro del impacto de la crisis (incremento de costos, riesgo de insolvencia, etc.).
Los cierres comerciales prolongados, la demanda deprimida y las interrupciones en la cadena de valor, generaron presiones operativas y financieras considerables para las pymes, lo que puso en peligro la supervivencia de muchas empresas y emprendedores. La Sociedad Nacional de Industrias estimó que cerca de 600 mil empresas tuvieron que cerrar en el 2020, y la tasa de informalidad aumentó a 84.2% de la PEA (12 millones de personas).
El gobierno peruano para enfrentar la crisis de liquidez que sufren las empresas debido a la pandemia de COVID-19 implementó (2020) los programas FAE-MYPE, FAE-Agro, FAE-Turismo y Reactiva Perú, en beneficio de cerca de 900 mil empresarios del país, 98% de los cuales eran del sector PYME; promoviendo un mayor acceso al crédito que permitía un mayor crecimiento y dinamismo para la economía.
Según cifras del BCRP, al cierre del 2020 la tasa de crecimiento anual del crédito al sector privado fue de 21.7%, mientras que al cierre de 2021 fue de solo 4.3%, influenciada por los préstamos y luego las amortizaciones y cancelaciones en el programa Reactiva Perú. En el 2022, la política monetaria fue más estricta para contrarrestar la inflación, generando tasas de interés más altas, afectando las condiciones para el endeudamiento de las pymes, frente a una débil demanda, que las pone frente a un riesgo de insolvencia.
Sin embargo, las pymes necesitan de oportunidades para venderle al Estado y a las grandes empresas, además de acceso a nuevos mercados, lo cual requiere la articulación de las cadenas productivas para modernizar y mejorar la productividad de las pymes. Junto con ello requieren la reprogramación de las deudas de los pequeños negocios, la digitalización de las empresas, el impulso de mecanismos de liquidez, las Compras Estatales, entre otras medidas.
Debido a esta circunstancia, esperamos que, en el proceso de concertación, se genere una estrategia de sustitución de alimentos y energía, y de reactivación de las pymes; y se forme a la vez, una comisión dedicada exclusivamente a revisar la constitución del 93 para proponer qué temas, concertadamente, se modificarán a través de la legislación vigente, y con ello se termine con la incertidumbre, principal causa de la inestabilidad económica y social, que tiene origen y responsabilidad en el Ejecutivo y en el Legislativo.