Cada semana el Perú presencia nuevos atentados con explosivos, asesinatos por encargo, extorsiones y ataques contra la población civil. Solo en 2025 se registraron 3,675 homicidios en el país, un promedio de 10 muertes violentas al día (CEIC) — una cifra que evoca los años más letales del terrorismo en el Perú.
Las organizaciones criminales operan como estructuras transnacionales con armamento de guerra. Mientras ellas evolucionan, el Estado continúa respondiendo con una estructura policial diseñada para enfrentar una delincuencia distinta, frente a una violencia hoy sanguinaria que alcanza incluso a niños y adultos
Este año se prevé el ingreso de cinco mil nuevos policías; sin embargo, cerca de 4,500 pasarán al retiro. La ciudadanía observa que muchos delincuentes recuperan rápidamente su libertad y que quienes denuncian permanecen desprotegidos. Esa percepción de impunidad viene deteriorando la confianza en la Policía Nacional.
Propuesta: Una Fuerza Policial Militarizada de Élite
Por ello resulta necesario crear una fuerza policial militarizada de élite especializada para combatir exclusivamente al crimen organizado, complementando a la Policía Nacional. La PNP debe seguir concentrada en la investigación criminal, el tránsito y la seguridad ciudadana, mientras la nueva fuerza enfrentaría a las organizaciones criminales de mayor peligrosidad.
Su principal fuente de personal provendría de dos grupos:
- Policías militares de las Fuerzas Armadas: personal que ya cuenta con experiencia institucional y entrenamiento especializado.
- Licenciados del servicio militar: jóvenes que voluntariamente decidan incorporarse a esta especialidad.
Paralelamente, las instituciones castrenses deberían continuar formando policías militares para garantizar un flujo permanente de personal calificado.
La intervención temporal de las Fuerzas Armadas
La conformación de este cuerpo demandará tiempo. Mientras tanto, el Estado tiene que aprovechar las capacidades ya existentes en las Fuerzas Armadas:
- Ejército del Perú: Policía Militar.
- Marina de Guerra: Policía Naval e Infantería de Marina.
- Fuerza Aérea: Unidades de Defensa y Operaciones Especiales.
Su intervención temporal debería apoyarse en el sistema de inteligencia militar —integrado por el Comando Conjunto y las direcciones de inteligencia de cada institución— para identificar objetivos y respaldar las operaciones, siempre dentro del marco constitucional.
Un modelo de rápida operatividad inspirado en la región
La formación militar peruana desarrolla liderazgo, resistencia física, fortaleza psicológica y una sólida formación ética. Aprovechar ese capital humano permitiría reducir considerablemente el tiempo de preparación. Mientras un cuerpo policial convencional requiere varios años de formación, esta fuerza podría estar operativa en pocos meses aprovechando personal previamente entrenado, como el BOPE de Brasil.
Lecciones Internacionales y Control Institucional
Como toda reforma de esta magnitud, existen riesgos. La militarización de la seguridad puede derivar en excesos cuando no existe una delimitación clara de competencias entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, ni controles democráticos, supervisión judicial y una formación específica para intervenir frente a población civil. Precisamente por ello, el Perú debe aprender tanto de los aciertos como de los errores observados en otros países:
- Brasil: demuestra la importancia de contar con unidades especializadas para enfrentar organizaciones criminales.
- El Salvador: ha profundizado la militarización de su seguridad desde 2019, y evidencia que la decisión política sostenida puede reducir significativamente la violencia cuando el Estado recupera el control del territorio.
Reforma del Sistema Penitenciario y Megacárceles
Pero ninguna fuerza especial será suficiente si los delincuentes recuperan rápidamente su libertad o continúan dirigiendo organizaciones desde las cárceles. Esta reforma debe ir acompañada de una declaración de reorganización total del INPE y de la construcción de las megacárceles propuestas por la presidenta Keiko Fujimori, equipadas con altos niveles de automatización.
Su ejecución podría realizarse mediante acuerdos de gobierno a gobierno con países como Estados Unidos y China, que lideran el desarrollo de la inteligencia artificial.
Inteligencia, Marco Normativo y Financiamiento Sostenible
Los centros de comando y control del país deben compartir información en tiempo real y contar con un canal seguro y anónimo para que la ciudadanía reporte actividades del crimen organizado, permitiendo una respuesta inmediata de esta fuerza especializada.
Igualmente importante será adecuar el marco normativo para que esta fuerza actúe con claridad jurídica frente a organizaciones criminales transnacionales. La legislación debe definir:
- Competencias operativas.
- Mecanismos de supervisión.
- Reglas claras sobre el uso de la fuerza, evitando vacíos legales que debiliten las operaciones.
Uso del canon para la seguridad ciudadana
Una fuerza de estas características también exige un financiamiento sostenible. El Decreto Legislativo 1579 ya autoriza a los gobiernos regionales y municipales a utilizar recursos del canon y sobrecanon para fortalecer la seguridad ciudadana mediante:
- Infraestructura y bases operativas.
- Tecnología y sistemas de videovigilancia.
- Equipamiento y vehículos.
Las autoridades policiales y militares deberían reunirse periódicamente con gobernadores regionales y alcaldes para definir conjuntamente las prioridades de inversión, asegurando que los recursos respondan a las necesidades operativas de cada jurisdicción. Solo una estrategia integral, de alta tecnología y plenamente sujeta al Estado de derecho permitirá recuperar el control del país.
