En la configuración de las sociedades del futuro, más sostenibles, cohesionadas e inclusivas, hay que reflexionar sobre los cambios en el sistema educativo y en el sistema de seguridad para el envejecimiento de la población. Se requiere el diseño de políticas públicas inclusivas, que enfrenten la desigualdad, donde los ancianos superan en número a los que están en edad de trabajar.
En los países de la OCDE la disminución natural de la población es una realidad, porque la tasa de fecundidad está entre 1.3 y 1.9, por debajo del 2.1 hijos por mujer que se necesita para reemplazar a la población; y el envejecimiento de las ciudades y las zonas rurales es significativo. El impacto de ello, por ejemplo, sería la disminución de los estudiantes y graduados en las próximas décadas, y el tener que enfrentar el crecimiento de la población anciana (de 65 años a más).
En América Latina y el Caribe (ALC), la mayoría de los países sigue atravesando un periodo particularmente propicio para el desarrollo conocido como bono demográfico, en el que la proporción de personas en edad de trabajar aumenta en relación con el resto de la población.
La CEPAL, recientemente, publicó avances de los estudios nacionales sobre el Futuro del Envejecimiento (CEPAL-2022), donde analizan algunas fechas emblemáticas relacionadas con cambios en la estructura etaria de la población y presentan cuatro escenarios ilustrativos, con opciones de políticas, para hacer frente a los desafíos del envejecimiento en los países: i) extensión de la vida laboral, ii) eliminación de la brecha de género en materia de ingreso laboral, iii) aumento de los impuestos, y, iv) inversión en educación, para aumentar los años de escolaridad.
Para el caso del Perú, señala que, durante el siglo XX, los jóvenes entre 0 y 19 años han sido el grupo etario mayoritario, alcanzando en 2001 su mayor tamaño (44% de la población total). La CEPAL estima que hacia el año 2042 dejarán de ser el grupo demográfico dominante, marcando el fin de la sociedad joven en el Perú.
Consecuentemente, el grupo de personas mayores (de 60 años y más) ha tenido una trayectoria creciente, y la seguirá teniendo hasta el final del siglo veintiuno. CEPAL estima que, en 2037, el consumo de las personas mayores superará al de los jóvenes (considerando el consumo de todos los bienes y servicios, tanto públicos como privados).
Esta transformación supondrá importantes desafíos, entre ellos, una mayor demanda de atención de salud y de otros programas como servicios destinados especialmente a las personas mayores. Esta presión recaerá sobre los gobiernos y las familias, tanto en términos de provisión de protección social (pensiones y salud), como de cuidado de las personas mayores.
Perú ha atravesado entre 1970-2020, un bono demográfico, con un mayor número de productores que de consumidores, lo que contribuyó positivamente al crecimiento económico y mayor solidez fiscal (mayor número de contribuyentes). Sin embargo, el envejecimiento de la población generará presiones fiscales crecientes a medida que el número de destinatarios de políticas y programas públicos aumente en relación con el de contribuyentes.
Entre las opciones de política para el futuro del envejecimiento en el país está la postergación de la edad de jubilación para extender la vida laboral, contrarrestando los efectos del envejecimiento de la población en la productividad, y además contribuyendo a las finanzas del Gobierno.
Sin embargo, debería considerarse un contexto de crecimiento de la esperanza de vida de forma saludable, lo cual demanda de políticas de protección social que garanticen el acceso a servicios de salud y sistemas de cuidado de calidad, que permitan una vida digna luego del retiro.
Otras opciones de política son el reducir la brecha de género e invertir en capacidades humanas a través del aumento de los años de educación. En el Perú, el promedio de años de educación para las personas mayores de 25 años es de 10 años, y la tasa de retorno a la inversión en educación es de 11% (UNESCO). Se necesitaría un aumento de medio año en el promedio de escolaridad para mantener la razón de sustento actual (2022) principalmente en educación básica y secundaria.
Finalmente, el aumento de los impuestos puede ser una alternativa para enfrentar la creciente demanda de programas públicos asociados al aumento de la cantidad de personas mayores, en particular los de pensiones y de atención de la salud. Según el estudio de CEPAL, se necesitaría un incremento del 12% en los impuestos (desde 2022) para mantener el equilibrio fiscal hasta el año 2050.
Por ECO. José Linares Gallo