José Linares

En el Acuerdo Nacional suscrito el 2002, se formó una comisión para proponer mayor inversión en educación, en el contexto de que la calidad de esta era el principal obstáculo al desarrollo del país. Esta comisión estuvo compuesta por un representante del partido de gobierno (Perú Posible), Mercedes Cabanillas por el APRA, y yo por el PPC. Nuestra comisión generó un informe proponiendo un incremento del presupuesto para educación hasta el 6% del PBI, a través de incrementos anuales de 0.25%. En 2002 el presupuesto para educación era del 3% del PBI, lo cual implicaba que, para llegar al porcentaje acordado, se requería de 12 años (2014). Esta propuesta fue aceptada por el pleno e incorporada al Acuerdo Nacional.

Sin embargo, el año 2011, el presupuesto para el sector Educación representaba solamente el 2.77% del PBI; paradójicamente había disminuido, debido a las subidas y bajadas que se dieron en los gobiernos de Toledo y García. Durante los sucesivos gobiernos, este presupuesto para Educación se ha ido incrementando, y hoy, en el proyecto de presupuesto para el 2023, sería de aproximadamente 4.5%; es decir, en 20 años, solo se ha incrementado la mitad de lo establecido en el Acuerdo Nacional (2002).

Debido a la pandemia, que mantuvo cerrados los colegios, en el 2021 (Sagasti) el presupuesto para educación fue de solo 3.77%, y subió a 3.78% en el 2022 (Castillo). Lamentablemente, del presupuesto aprobado para la función educativa, solo se ejecuta un aproximado del 70%, tanto por parte del gobierno central como por las regiones, gobiernos locales y las universidades nacionales (estos tres últimos son los que menos ejecutan).

Para el año 2021, el gasto público en el Perú por cada alumno de educación primaria y secundaria fue de US$ 1,040.75 y US$ 1,529.74, respectivamente. Lo que significa que Perú invierte un aproximado de US$ 1200 por estudiante al año y esto es claramente bajo. Chile invierte el triple: US$ 3,600. Colombia US$ 2,400 (BID).
El proyecto de ley de Presupuesto público para el 2023 asciende a S/ 214,790 millones, 9% mayor (S/ 17,788 millones) que el Presupuesto Inicial Anual de 2022. Y busca atender las necesidades prioritarias de la población, para lo cual se propone destinar el 19.5% a educación, el 11.5% a salud, 9.5% a transporte, 6.7% a previsión social y otro 6.7% a orden público y seguridad.

El Sector Educación recibirá S/ 41,966 millones, favoreciendo a más de 9 millones de estudiantes, priorizando recursos (76.7%, que equivale a S/20,789 millones) para la educación básica regular (el más alto presupuesto para educación de los últimos 20 años).

Asimismo, se ha priorizado la formación universitaria de pregrado, cuyo monto asignado asciende a S/ 3,724 millones, el que incluye a las 52 universidades públicas del país.

El proyecto de Ley de presupuesto también ha previsto continuar con la implementación de mejoras salariales a los docentes de la Carrera Pública Magisterial por S/ 1,400 millones adicionales.

Invertir el 6% del PBI en educación, a pesar del tiempo transcurrido desde el Acuerdo Nacional (2002), continúa siendo una meta a largo plazo, que depende de la mayor recaudación y del crecimiento económico para incrementar la inversión en educación, pero, sobre todo, mejorar la ejecución del gasto asignado, en todos los niveles del Estado en la función educativa.

Se debe considerar que el miércoles 7 de septiembre, el ministro de educación, en la Comisión de Presupuesto del Congreso, expresó que, durante la pandemia (2020-2021), pese a la dotación de recursos para la educación virtual, el rendimiento escolar de los alumnos, con toda esta inversión, tuvo una baja de 17% en relación con su condición antes de la pandemia, lo que demuestra que los equipos informáticos por sí solos no generan una educación de calidad, sino que se requiere dejar de lado la educación memorística y reemplazarla por la construcción del conocimiento (exploración, investigación y solución de problemas), a través de materiales de construcción y programación que articulen aprendizajes de matemática, comunicación y ciencia de forma concreta.

Es urgente cerrar esta brecha educativa, para lo cual, además, se deben superar las dificultades que existen para articular las políticas educativas entre los niveles nacional, regional y local, en un único plan de gestión, tarea que corresponde al Ceplan y al Minedu, e implica incorporar el rol de las regiones en la Ley General de Educación.

Por ECO. José Linares Gallo

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