Concluido el proceso electoral, la presidenta electa Keiko Fujimori recibe un país con enormes desafíos, pero también con la oportunidad de iniciar una etapa de reformas que el Perú viene postergando desde hace décadas que es deseable marquen el inicio de su gestión.
El ordenamiento y depuración del presupuesto público
Ordenar el presupuesto público es una de las tareas más urgentes del nuevo gobierno. El Ministerio de Economía y Finanzas viene ejecutando un proceso de depuración que proyectaba concluir hacia fines de junio, retirando cerca de 120 mil proyectos de inversión que mantenían expedientes desactualizados, carecían de posibilidades reales de ejecución o simplemente habían perdido vigencia. En conjunto representaban más de S/ 220 mil millones que, lejos de acercar soluciones, contribuyen a dispersar el presupuesto nacional.
A ello se suman 2,215 obras públicas paralizadas que mantienen inmovilizados más de S/ 42 mil millones. Casos como Majes Siguas II, Chavimochic o el Hospital Antonio Lorena evidencian que el problema es la incapacidad para gestionar adecuadamente la inversión pública.
El nuevo gobierno debería establecer una regla permanente. Todo proyecto que permanezca cuatro años sin avances significativos debe ser reevaluado y, si ya no responde a las necesidades del país, retirado del presupuesto. La única excepción deberían ser las grandes obras cuya ejecución, por su propia naturaleza, requiere varios años (como irrigaciones). Tampoco deberían aprobarse proyectos sustentados en estudios desactualizados. Así se liberarían recursos para las verdaderas prioridades del país.
Descentralización, canon y macroregionalización
Sin embargo, una mejor gestión del presupuesto debe ir acompañada de una verdadera descentralización del desarrollo. Muchas regiones continúan dependiendo de decisiones tomadas desde Lima y concentran sus esfuerzos en ejecutar el presupuesto anual, sin una planificación de mediano y largo plazo.
Existen regiones que reciben importantes ingresos por canon y regalías, pero continúan presentando enormes brechas en infraestructura, salud, educación y seguridad; mientras la corrupción y la inseguridad continúan.
Es momento de retomar el debate sobre la macroregionalización para conformar grandes espacios de desarrollo que integren costa, sierra y selva. Sobre esa base podrán desarrollarse corredores logísticos, parques industriales, proyectos energéticos, cadenas productivas y asegurar servicios básicos.
Reformas urgentes en los servicios fundamentales
1. La reconstrucción y prevención en el sistema de salud
Respecto a la salud, la pandemia dejó una lección que el Perú no puede olvidar: fuimos el país, en el mundo, con mayor cantidad de muertos por millón de habitantes. El colapso hospitalario evidenció las consecuencias de haber descuidado durante décadas la atención primaria, la infraestructura y la capacidad de respuesta del sistema sanitario.
En el sistema aún persisten hospitales inconclusos, establecimientos deteriorados y una atención primaria que todavía no logra resolver oportunamente la mayor parte de las enfermedades antes de que requieran atención especializada.
La prioridad debe ser fortalecer el primer nivel de atención, culminar la infraestructura paralizada y ampliar la capacidad hospitalaria. Un sistema de salud moderno trabaja para prevenir la enfermedad, detectar oportunamente los riesgos y reducir la presión sobre los hospitales.
2. Infraestructura educativa y el reto tecnológico
Algo similar ocurre en la educación, donde su infraestructura constituye una de las mayores deudas del Estado.
Miles de estudiantes asisten diariamente a colegios con serios problemas estructurales, mientras la reconstrucción avanza con una lentitud incompatible con la urgencia del problema. La situación es aún más preocupante porque Lima y el Callao concentran uno de los mayores niveles de actividad sísmica del continente y, en lo que va del año, ya se han registrado centenares de movimientos telúricos en un silencio sísmico que viene desde el año 1979.
Esperar un gran terremoto para recién intervenir sería repetir los errores del pasado con un costo mucho mayor en vidas humanas e infraestructura. Pero la educación enfrenta, además, otra emergencia. El Perú debe incorporar con mayor decisión la inteligencia artificial, junto con la construcción y la programación, como parte del proceso educativo.
Las economías que hoy lideran la innovación entendieron que la tecnología debe ir acompañada de filosofía, humanidades y formación ética para desarrollar ciudadanos capaces de utilizar el conocimiento con responsabilidad y creatividad.
La prevención como política de Estado permanente
Todas estas propuestas parten de una misma convicción. El Estado debe dejar de reaccionar ante las tragedias y empezar a prevenirlas. Sin embargo, cada temporada de lluvias, cada inundación y cada terremoto demuestran que seguimos actuando cuando el daño ya ocurrió.
La prevención debe ser una política permanente. Implica conservar carreteras, puentes, colegios, hospitales y sistemas de drenaje antes de que colapsen, fortalecer las defensas ribereñas e implementar sistemas modernos de alerta temprana que permitan anticipar un terremoto y un maremoto con el tiempo suficiente para evacuar.
La presidenta Keiko tiene hoy la oportunidad de iniciar un cambio de rumbo y demostrar que los gobiernos trascienden cuando son capaces de resolver los problemas del presente sin perder de vista el futuro.
