La violencia en el Perú ha alcanzado niveles alarmantes. Las extorsiones, los sicariatos y las mafias carcelarias se han convertido en una amenaza cotidiana para la ciudadanía. Ante este escenario, urge plantear soluciones firmes y viables. La experiencia de El Salvador, bajo el liderazgo de Nayib Bukele, ofrece una referencia contundente: la construcción de una megacárcel de máxima seguridad que ha permitido aislar a miles de delincuentes y recuperar el control del territorio en poco tiempo.
El Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), construido en solo siete meses y a un costo de 100 millones de dólares, puede albergar hasta 40 mil internos en un espacio de apenas 0.23 km². Este proyecto fue posible gracias a la participación de tres empresas privadas y una ejecución directa, sin intermediarios innecesarios.
En este contexto, la isla del Frontón, con 1 km² de extensión (4 veces más), podría ser el lugar ideal para replicar una iniciativa similar. Su aislamiento natural y su historia como antiguo centro penitenciario, de casi 40 años, la convierten en una ubicación estratégica para crear un penal automatizado de alta seguridad, que garantice el control y la rehabilitación de los internos, respetando los derechos humanos y estableciendo mecanismos eficaces de lucha contra la corrupción penitenciaria.
La automatización cumple un rol clave en este objetivo. Al establecer estándares tecnológicos de control, reduce el margen para malas prácticas del personal y bloquea mecanismos de comunicación ilegal, como el uso de celulares desde las cárceles.
La República Popular China, con más de 1,400 millones de habitantes, cuenta con 680 prisiones y una población penitenciaria de unos 1.7 millones de internos, lo que representa apenas el 0.12% de su población. En este marco, ha desarrollado el modelo de “prisiones inteligentes”, con vigilancia biométrica, cámaras con inteligencia artificial, monitoreo remoto, sensores de movimiento y sistemas de evaluación conductual integral.
Además, China es un socio estratégico del Perú. Es nuestro principal socio comercial, invierte en obras clave como el megapuerto de Chancay y promueve proyectos como el tren bioceánico que conectaría Perú con Brasil. En la última Cumbre China-CELAC, el presidente Xi Jinping destacó la cooperación en seguridad como uno de los pilares de su relación con América Latina.
Esto abre una posibilidad concreta para que el Perú explore un acuerdo con China —mediante un contrato de gobierno a gobierno— para construir una megacárcel en el Frontón, incorporando tecnología de última generación, inteligencia artificial para la clasificación de internos y estándares de máxima seguridad, todo ello en plazos reducidos. Incluso existen varios proyectos de ley que proponen la reactivación del penal, cuya aprobación sigue pendiente sin una justificación clara.
Se debe considerar que China acaba de inaugurar el primer hospital del mundo completamente operado por inteligencia artificial, capaz de atender miles de pacientes sin intervención humana directa. Este hito demuestra hasta qué punto ha avanzado la tecnología en sectores críticos como la salud. Si ya es posible confiar en sistemas automatizados para diagnosticar y tratar enfermedades, ¿por qué no aplicar ese mismo nivel de innovación al sistema penitenciario?
Además, una prisión moderna debe ofrecer educación técnica, oportunidades productivas, certificaciones laborales y soporte psicológico real. Un sistema basado en inteligencia artificial permitiría clasificar adecuadamente a los internos: separar a primarios, reincidentes, miembros de organizaciones criminales y, sobre todo, a menores de edad, para brindarles un tratamiento diferenciado y más efectivo, evitando que internos con distintos perfiles interactúen entre sí.
Reabrir el Frontón como cárcel, permitiría albergar no solo pabellones carcelarios, sino también dependencias del INPE, del Poder Judicial, centros de capacitación laboral, espacios educativos y zonas de visita familiar dignas. La reeducación debe ser integral. Convertir la isla, que hoy es un punto turístico, en un complejo penitenciario autosuficiente, seguro y orientado a la reintegración social sería un salto cualitativo para el país.
Otro penal que puede ser mejor aprovechado es el de Challapalca, en Tacna, a más de 4,600 metros sobre el nivel del mar, donde recientemente se encontró una antena para internet conectada a una de las celdas. La propuesta de ampliación de este penal ya cuenta con licencia social de las poblaciones locales. Resulta fundamental que esta ampliación contemple también su automatización total, con el fin de convertirlo en una prisión inteligente.
El Perú necesita una respuesta estructural frente al crimen organizado. No se trata solo de encerrar delincuentes, sino de cortar los hilos desde los cuales —desde las propias cárceles— se siguen ordenando asesinatos, extorsiones y operaciones criminales. La combinación de aislamiento geográfico, tecnología avanzada, cooperación internacional y un enfoque rehabilitador puede marcar la diferencia.