José Linares

Hace unos días el Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó un informe de su Misión económica en Perú 2022, haciendo varias recomendaciones de política económica.

Según el FMI, la economía peruana se recupera con fuerza de la recesión, debido a la firme respuesta normativa de 2020. La vacunación permitió un levantamiento gradual de las restricciones de movilidad causadas por la covid-19. La fuerte demanda externa, los términos de intercambio favorables y la demanda interna reprimida durante más de 1 año contribuyeron a que el PIB real aumentara un 13.3% en 2021, superando su nivel prepandémico del 2019, pero la participación de la población activa y el empleo total no se han recuperado. La pobreza aumentó significativamente en 2020, del 10% al 20%, y la pobreza extrema se incrementó del 3% al 10%. Hoy, el Perú sigue con niveles de pobreza superiores a los de antes de la pandemia.

Se espera que el crecimiento se desacelere hasta el 3% en 2022 a medida que las condiciones externas se endurezcan y se retire el estímulo político. Los principales riesgos que se relacionan con la pandemia son: un fuerte endurecimiento de las condiciones financieras globales, interrupciones prolongadas de la cadena de suministro global, tensiones geopolíticas y una abrupta desaceleración del crecimiento en China, el principal socio comercial de Perú. La persistencia de la incertidumbre política podría tener efectos adversos en la inversión privada y desencadenar una mayor volatilidad de los mercados financieros.

El FMI recomienda que, para abordar la Inflación y los Riesgos Externos, la política monetaria debe continuar respondiendo adecuadamente a las crecientes presiones inflacionistas, pero es necesario un mayor endurecimiento para controlar la inflación. Aunque las presiones inflacionistas son menos agudas que en otras partes de la región, la orientación monetaria sigue siendo ligeramente expansiva.

El Fondo Monetario también dice que será importante sostener el restablecimiento del Marco Presupuestario. Para el 2022, el déficit fiscal se situaría en torno al 2.7% del PIB, con un presupuesto prudente que prevé un aumento del gasto en sanidad, educación y protección social. La deuda pública es sostenible y Perú tiene cierto espacio fiscal. Sin embargo, es necesario tener planes de contingencia frente al panorama incierto, que no solamente es externo.

Para abordar las necesidades clave en materia de educación, salud y políticas sociales, incluidas las pensiones, en las que Perú presenta brechas significativas, se requerirá esfuerzos continuos para mejorar la recaudación de impuestos, así como ajustes en la política tributaria.

También nos dice que el sector financiero sigue siendo resistente, incluso en un escenario gravemente adverso. Las autoridades siguen avanzando en la mejora de la supervisión del sector financiero.

Se recomienda renovar el programa de reformas estructurales. La reforma integral de la administración pública es un componente esencial para mejorar la gobernanza y aumentar la eficacia de las instituciones de lucha contra la corrupción. El progreso continuo en la capacidad de ejecutar inversiones públicas será esencial para reducir la gran brecha de infraestructura, incluida la infraestructura digital, clave para la participación ciudadana. Al mismo tiempo, un entorno jurídico y reglamentario estable y previsible fomentaría la confianza y permitiría que prosperara la inversión privada.

Otro punto refiere a que deben intensificarse los esfuerzos para aumentar la productividad, reducir la informalidad y promover la inclusión social. Las políticas deben centrarse en reducir las rigideces y los elevados costos del empleo formal, mejorar el clima empresarial, mejorar la inclusión financiera y reducir la brecha de género. Es urgente una reforma de las pensiones, para reducir los riesgos de pobreza de las personas de edad avanzada.

Algunas de estas medidas de política están incluidas en la agenda de gobierno, y Perú tiene acceso a un acuerdo de Línea de Crédito Flexible con el FMI por un monto de US$ 11 mil millones, que se otorga a países con un historial de políticas prudentes y puede utilizarse como protección adicional. Según el informe, el Perú financieramente goza de buena salud.

Por ECO. José Linares Gallo

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