El próximo gobierno recibirá un país que ha logrado mantener estabilidad macroeconómica durante varios años, pero que enfrenta una de las mayores contradicciones de América Latina. Mientras la economía ha sido capaz de generar importantes recursos mediante la exportación de minerales, productos agrícolas y otros bienes tradicionales, apenas alrededor del 30% de los trabajadores desarrolla sus actividades dentro de la formalidad.
Esta realidad trasciende el ámbito económico. Un país donde solo tres de cada diez trabajadores participan plenamente del sistema formal difícilmente puede consolidar instituciones sólidas, ampliar su base tributaria o garantizar servicios públicos de calidad. En la práctica, un Estado que solo incorpora plenamente a una parte de su población termina perdiendo capacidad para ejercer autoridad, planificar el desarrollo y construir consensos nacionales.
Los costos y barreras de la formalización
La informalidad no significa únicamente dejar de pagar impuestos. También implica baja productividad, acceso limitado al crédito, escasa innovación, ausencia de protección social y empresas que permanecen pequeñas porque crecer resulta demasiado costoso, y terminan siendo de subsistencia.
Incorporar un trabajador al régimen general supone para el empleador asumir, además del salario, aportes a EsSalud, Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad, vacaciones, seguros y otros beneficios laborales. En conjunto, estos conceptos incrementan el costo de contratación en aproximadamente un 50% respecto de la remuneración pactada. Para miles de pequeñas empresas, ese salto resulta sencillamente imposible de absorber.
El Perú ha terminado atrapado en un círculo donde millones de personas sobreviven trabajando, pero sin lograr incorporarse plenamente al desarrollo nacional. Esta realidad tampoco beneficia al propio Estado, que debe atender las necesidades de toda la población con una base relativamente reducida de contribuyentes formales, situación que además se ve agravada por exoneraciones tributarias que deberían revisarse para determinar si aún cumplen el propósito para el cual fueron creadas.
Comparación internacional y el problema de la productividad
La comparación internacional resulta reveladora. En los países desarrollados también existe economía informal, pero constituye un fenómeno marginal que normalmente responde a evasión tributaria o trabajo no declarado. Allí predominan las empresas formales y la informalidad representa una excepción. En el Perú ocurre exactamente lo contrario: la formalidad constituye la excepción y la informalidad el funcionamiento habitual del mercado laboral. Esa diferencia explica buena parte de la brecha de productividad, competitividad y fortaleza institucional que existe entre unas economías y otras.
Sin embargo, sería un error atribuir este problema únicamente a los sobrecostos laborales. La informalidad también responde a la baja productividad de gran parte de nuestra economía. Durante siglos hemos sustentado nuestro crecimiento principalmente en la exportación de materias primas. Esa actividad genera importantes ingresos para el país, pero no crea suficiente empleo formal para incorporar a millones de trabajadores. Ha llegado el momento de impulsar una política sostenida de industrialización, agregación de valor, innovación y desarrollo tecnológico que permita generar empleos de mayor productividad.
Experiencias de éxito en la región y metas viables
La experiencia internacional demuestra que este desafío puede enfrentarse. Brasil redujo significativamente la informalidad mediante esquemas tributarios simplificados para las microempresas. Uruguay facilitó la incorporación de trabajadores independientes al sistema formal mediante un régimen especial. Colombia disminuyó los costos no salariales de contratación para incentivar el empleo registrado. Ninguno de estos países resolvió el problema únicamente aumentando la fiscalización. Todos combinaron simplificación administrativa, incentivos económicos y diálogo permanente entre el Estado, los empresarios y los trabajadores, sin importar el tamaño de las empresas.
El Perú necesita recorrer ese mismo camino. Una meta razonable para el próximo quinquenio sería incrementar la formalidad del actual 30% aproximadamente al 40% de la economía. Diez puntos porcentuales pueden parecer modestos, pero representarían millones de trabajadores incorporándose al sistema formal, mayores ingresos fiscales, mejor acceso al crédito, más inversión y un Estado con mayor capacidad para responder a las necesidades de la población.
Fragmentación social y el rol del nuevo gobierno
Existe además un aspecto pocas veces analizado. La informalidad no solo fragmenta la economía; también termina fragmentando la sociedad y debilitando el sistema político. Cuando amplios sectores de la población permanecen al margen de las instituciones, cada grupo busca sus propias respuestas y liderazgos. No resulta casual que en las elecciones generales de 2026 se presentaran treinta y cinco organizaciones políticas, y pudieron ser más. Esa fragmentación expresa un país que todavía no logra construir objetivos comunes ni un proyecto nacional compartido.
La estabilidad del Perú dependerá, en buena medida, de la capacidad del nuevo gobierno para liderar este proceso. Durante la campaña, la presidenta electa, Keiko Fujimori, afirmó que el pueblo estaría primero. Estoy seguro de ello. Y ese compromiso debe traducirse en decisiones concretas que permitan que millones de peruanos dejen de sobrevivir en la informalidad y puedan incorporarse plenamente al desarrollo nacional.
