El Perú, como muchos países, ha logrado avances significativos en salud en las últimas décadas, impulsados por el desarrollo tecnológico y algunas reformas clave. La esperanza de vida ha aumentado en 17 años desde 1980, llegando a 77 años en 2023. La mortalidad infantil cayó de 83 a 11 por cada mil nacidos vivos entre 1980 y 2021, y la mortalidad materna se ha reducido a la mitad desde 2002. Estos logros se deben en buena parte a la Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud (2009), que elevó la cobertura del seguro sanitario del 61 % al 97 % entre 2009 y 2023, gracias al papel central del Seguro Integral de Salud (SIS).
No obstante, estos avances conviven con serias deficiencias. El sistema sigue dividido entre EsSalud, que atiende a trabajadores formales, y el SIS, enfocado en poblaciones vulnerables. Esta separación genera duplicidades en algunas zonas y carencias graves en otras, especialmente en regiones rurales, donde persisten largas esperas, falta de medicamentos y altos costos en clínicas privadas, muchas veces la única opción disponible.
Esta fragmentación impide brindar atención oportuna, equitativa y de calidad. Además, los sistemas de información en salud están desarticulados, lo que dificulta medir resultados, coordinar acciones y tomar decisiones con evidencia. Pese al aumento de la cobertura, enfermedades prevenibles como la anemia infantil siguen afectando a una gran parte de la población. En 2023, el 43 % de los niños entre 6 y 35 meses la padecían, lo que refleja problemas estructurales como bajos ingresos, limitada acción preventiva y la mala nutrición tanto de la madre gestante como del niño.
El financiamiento sigue siendo una barrera crítica. En 2022, el Perú destinó solo el 6,2 % de su PBI al sector salud, menos que países vecinos como Chile (10%) o Colombia (7,6%), y por debajo del promedio de países de la OCDE (9%). Más del 27 % del dinero que se gasta en salud proviene directamente del bolsillo de las personas, sin apoyo del Estado ni del seguro. Esto expone a las familias más pobres al endeudamiento o al abandono de tratamientos por falta de recursos.
Ante esta situación, propongo cuatro prioridades:
1. Un sistema de salud más conectado y justo: Actualmente, el SIS y EsSalud son sistemas separados, lo que genera barreras para los pacientes. Se necesita permitir que los asegurados puedan atenderse en cualquiera de los dos sistemas para acceder a un conjunto básico de servicios. Además, se deben integrar las bases de datos de salud pública y privada, para contar con historiales médicos accesibles.
2. Más recursos bien usados: No basta con aumentar el presupuesto, hay que gestionarlo mejor. El director o subdirector del hospital debe ser un médico o un administrador profesional, o contar con formación en ambas áreas para garantizar una gestión técnica y eficiente. El sistema actual limita la flexibilidad del gasto. Es necesario que el Ministerio de Salud tenga mayor control sobre gastos operativos como sueldos, mantenimiento, compra de equipos y medicamentos, y vacunas. También se deben aplicar criterios de asignación basados en las necesidades reales de la población, y rendir cuentas sobre resultados concretos.
3. Cuidar la salud desde el inicio: Se necesitan centros de salud funcionales en los barrios y comunidades, conectados entre sí, con personal y equipos para hacer diagnósticos oportunos. Al mismo tiempo, reforzar las campañas de prevención: fomentar buenos hábitos, educar desde la infancia y actuar antes de que la enfermedad avance. La inversión en prevención es mucho más rentable que la atención tardía.
4. Médicos cirujanos itinerantes Muchas zonas rurales carecen de especialistas. Es fundamental crear equipos médicos itinerantes en distintas especialidades que visiten periódicamente estas comunidades. Estos equipos deben tener zonas asignadas y mantener contacto continuo con la población, a través de representantes comunitarios. Así se podrá prevenir enfermedades, detectar problemas a tiempo y fortalecer el vínculo entre el sistema de salud y las zonas más alejadas.
Es importante reconocer que la salud no depende únicamente de los hospitales. Las condiciones estructurales tienen un peso enorme. La falta de acceso a agua potable y saneamiento básico no solo es un signo de pobreza, sino una de las principales amenazas a la salud.
Que el Perú haya alcanzado una cobertura de aseguramiento cercana al 100 % es un gran logro. Pero garantizar que todas las personas reciban atención de calidad, a tiempo y sin barreras económicas, sigue siendo un gran reto. Con reformas específicas, voluntad política y participación ciudadana, es posible construir un sistema de salud más justo, eficiente y resiliente para todos.