José Linares

En un clima de incertidumbre, escaso crecimiento económico, y una inflación con componentes internacionales (que no controlamos), es altamente probable que el empleo formal se estanque y que siga creciendo la informalidad, que cada día está más cerca del 80%. El INEI ha estimado que la tasa de desempleo en el 2021 fue de 5.7% de la PEA, mientras que en el 2019 fue de 3.9% de la PEA; para el 2022 se espera que bordee el 5%, afectando principalmente a los sectores de comercio y turismo, este último contaba con millón y medio de empleos (formales e informales) antes de la covid, de los cuales pocos se han recuperado.

Según el Banco Central de Reserva, en febrero de 2022, el empleo formal aumentó 7.5% respecto al mismo periodo de 2021. Sin embargo, el sector servicios, comparado con febrero del 2020 (tasa anual), se encuentra por debajo del 2.2%.

En el terreno de la política se han aprobado medidas respecto al empleo, como la prohibición de la tercerización laboral y, recientemente, se ha presentado un anteproyecto de un nuevo código General del Trabajo.

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), en la actual gestión, ha estado desarrollando iniciativas aisladas hacia la generación de ese nuevo Código del Trabajo; recordemos que se ha planteado medidas como pasar SERVIR al ámbito del MTPE (hoy en la PCM), y la subida del salario mínimo (luego de cuatro años, algo indispensable frente al incremento actual de precios).

En los últimos años, los ejes principales de la política pública del trabajo, que han incidido en la dinámica laboral-empresarial (pre y postpandemia), han sido el establecimiento del tema de la salud y seguridad y el sistema de supervisión y multas a cargo de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil). Al respecto, los empresarios han advertido que se les exigen cosas que no están en las normas.

En los avances de la propuesta del nuevo Código laboral, el MTPE propone cambios en las relaciones entre empleador y trabajador. Tal es el caso de la reducción del número de supuestos de duración de contratos de 9 modalidades a solo 6, y de estos 6, 2 serían de duración indeterminada.

Se eliminarían las modalidades de contratos temporales por inicio de nueva actividad por reconversión empresarial, y el accidental por emergencia. Sin embargo, el inicio de una nueva actividad necesita ser flexible hasta que la actividad sea rentable; de lo contrario restringiría la capacidad de financiar empleos con la contratación permanente desde el inicio.

El MTPE también plantea que los contratos por temporada y los intermitentes sean de duración indeterminada, y que entre temporadas se envíe al trabajador a la modalidad de suspensión perfecta para que no pierda el empleo y se ahorre los costos de reactivación de seguros y la firma de nuevos contratos; no tomándose en cuenta que las especialidades requeridas podrían ser distintas.

Asimismo, se ha planteado un subsidio a la planilla para mypes, para preservar la recuperación de los empleos formales de los jóvenes, junto con componentes de capacitación y certificación laboral. Esto con base en experiencias desarrolladas el 2020 de un subsidio a la planilla de los trabajadores que ganaban hasta S/ 2,400 al mes, y el bono de S/ 210 dado a los trabajadores que ganaban hasta S/ 2,000 por mes.

Gran parte de estas iniciativas del sector trabajo, hasta ahora, solo han sido coordinadas con sindicatos, pero no con los representantes de los empleadores, y aparentemente tampoco con el Ministerio de Economía y Finanzas, a quienes también les toca proyectar el impacto de estas medidas en la generación del empleo y los costos empresariales dentro de las políticas económicas de reactivación. Para que cualquier reforma laboral tenga impacto y se cumpla, requiere de acuerdos tripartitos (Estado, empleadores y trabajadores).

Es claro que falta coordinación integradora dentro del Poder Ejecutivo con relación al tema del trabajo y promoción del empleo, para después llegar a acuerdos que sea posible cumplir.

Por ECO. José Linares Gallo

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