Hoy, los peruanos elegiremos un nuevo Presidente de la República. Como ocurre en toda democracia, habrá ganadores y perdedores. La gobernabilidad del próximo quinquenio dependerá, en buena medida, de que todos los actores políticos respeten los resultados electorales y la voluntad expresada en las urnas. Solo así será posible recuperar parte de la estabilidad que el Perú ha venido perdiendo.
Con frecuencia hablamos de estabilidad económica, pero olvidamos que también existe una estabilidad política. El Perú ha logrado preservar importantes fortalezas macroeconómicas. La autonomía del Banco Central de Reserva, la disciplina fiscal, la apertura comercial y la confianza de los mercados han permitido que la economía continúe funcionando incluso en medio de profundas crisis sociales y políticas.
Sin embargo, esa separación tiene límites. Ninguna economía desarrolla plenamente su potencial cuando la política permanece atrapada en la confrontación y la fragmentación permanente. La incertidumbre termina trasladándose a las decisiones de inversión, a los proyectos que quedan inconclusos y a la capacidad del Estado para ejecutar aquello que la población espera desde hace años. La estabilidad macroeconómica, por sí sola, no alcanza para construir desarrollo, menos en el Perú actual.
El impacto en las fuerzas vivas de la nación
Los principales afectados por esta situación son las fuerzas vivas de la nación. La inversión se vuelve más cautelosa, la generación de empleo pierde dinamismo (en el sector formal e informal) y las oportunidades de progreso se reducen. Empresarios, trabajadores, universidades y organizaciones sociales pueden tener intereses distintos, pero todos dependen de un entorno mínimo de estabilidad para desarrollar sus actividades.
Una década de crisis: 9 presidentes y 300 ministros
Los últimos diez años constituyen probablemente uno de los períodos de mayor inestabilidad política de nuestra historia republicana. Desde 2016, el Perú ha tenido nueve presidentes y más de trescientos ministros de Estado. Ningún país puede aspirar a construir políticas públicas sostenibles cuando sus principales autoridades cambian permanentemente y los proyectos quedan interrumpidos antes de madurar. La consecuencia ha sido un país atrapado en la gestión de las crisis inmediatas, sin capacidad para sostener políticas a mediano y largo plazo.
La inestabilidad también ha venido acompañada de una creciente fragmentación política. La última elección reunió a 35 organizaciones compitiendo por la Presidencia de la República. Como resultado, los candidatos que hoy disputan la segunda vuelta llegaron con niveles de respaldo relativamente reducidos respecto al total de votos válidos (17% y 12%). Esta dispersión dificulta la construcción de consensos, debilita la legitimidad de origen de las autoridades y vuelve más compleja la tarea de gobernar.
La erosión del principio democrático (2016 – 2026)
Esta situación no surgió de la nada. Durante los últimos diez años se ha ido debilitando un principio fundamental de toda democracia: el respeto a los resultados electorales. Ganar y perder forman parte del juego democrático, y la legitimidad del sistema depende de que todos los actores acepten el resultado, aun cuando este no les favorezca.
Lamentablemente, en el Perú las elecciones de 2016, 2021 y ahora las de 2026 han estado acompañadas por cuestionamientos, denuncias, sospechas e intentos de trasladar la disputa electoral hacia otros espacios del poder político y judicial.
El problema es que las consecuencias trascienden a los propios actores políticos. Cuando los ciudadanos perciben que ninguna elección logra cerrar realmente una disputa, comienzan a perder confianza en las instituciones democráticas. Poco a poco surge la sensación de que el voto ya no sirve para resolver los conflictos nacionales, sino únicamente para prolongarlos. Ese desgaste explica parte del desencanto que hoy existe con la política y con la democracia misma.
El desafío para el próximo gobierno y el Congreso
Por eso, la responsabilidad que enfrentan los candidatos, partidos políticos, dirigentes sociales, empresariales, y miembros de la academia es enorme. Todos tienen derecho a fiscalizar el proceso electoral, exigir transparencia y denunciar cualquier irregularidad debidamente sustentada. Pero también tienen la obligación de actuar con responsabilidad y evitar alimentar dudas que puedan poner en riesgo la estabilidad del país.
El Perú necesita que el próximo gobierno inicie su mandato con la legitimidad necesaria para gobernar en medio de una enorme fragmentación política y social. También necesita que el Congreso contribuya a construir acuerdos en un escenario donde el poder estará distribuido entre diversas fuerzas políticas. La capacidad del país para aceptar democráticamente los resultados y construir consensos será tan importante como la elección misma.
Al final, la verdadera prueba de madurez democrática no está en ganar una elección. Está en saber aceptar el resultado cuando las urnas favorecen a otro. Solo así podremos dejar atrás una década de confrontación y fragmentación y reconstruir la gobernabilidad que el Perú necesita para avanzar desde el consenso.
